La economía sumergida supone ya el 20,6% del PIB
Euskadi se sitúa entre las seis comunidades con la tasa más baja
El volumen que mueve la economía sumergida en Euskadi se eleva a 13.560 millones de euros, esto es, el 20,6% de su PIB. Son datos referidos a 2009, proporcionados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que cifra en 6.163 euros el promedio de dinero que cada ciudadano vasco oculta al fisco. Es un fenómeno que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina "trabajo no declarado". Lo define como la actividad económica, realizada por trabajadores o empleadores, que "no se ajusta totalmente a los requerimientos normativos". Distingue entre "trabajo en negro", el que se realiza ocultando su existencia a todas las autoridades concernidas, y "trabajo en gris", cuando las rentas se declaran parcial o insuficientemente.
El trabajo encubierto o no declarado se cifra en 13.560 millones
Euskadi se sitúa entre las seis comunidades autónomas con el menor índice de economía sumergida. Solo presentan mejores números Extremadura, Baleares, Madrid, Asturias y Navarra. Por territorios, las actividades irregulares en Vizcaya suponen 6.900 millones de euros, en Guipúzcoa 4.519 millones y en Álava 2.142 millones.
Son los subterfugios que permite el mercado laboral y los efectos de la picaresca de consumidores, trabajadores y empresarios. Es un fenómeno que toma alas en momentos de crisis económica como la actual, asegura Loli García, responsable de Empleo de CC OO Euskadi.
Es frecuente que muchos consumidores soliciten o acepten pagar determinados servicios o trabajos sin factura o en gris, lo que conlleva un quebranto en los ingresos públicos. Algunos empresarios hacen a veces uso de la ingeniería fiscal o trampean las cotizaciones sociales, firmando contratos a tiempo parcial cuando sus empleados en realidad cumplen la jornada completa. También ocurre que parados que perciben prestaciones de desempleo compatibilizan esa situación con actividades lucrativas opacas para obtener un sobresueldo.
El trabajo escondido, en opinión de García, se refugia en "la construcción, la hostelería y las labores de cuidado de personas dependientes" y afecta singularmente al colectivo inmigrante. También pone el foco en "las horas extras no declaradas" por los empleadores y el "trabajo encubierto en las profesiones liberales". Un responsable de UGT en la Seguridad Social advierte del "sospechoso" desequilibrio existente entre el aumento de las rentas de trabajo declaradas ante el fisco y lo que tributan los profesionales liberales. Los representantes sindicales coinciden en que "existe una desregulación laboral que da pie al fraude fiscal y ante la Seguridad Social".
El cuerpo de inspectores de Hacienda del Ministerio de Economía reclama a las administraciones tributarias la puesta en marcha de un plan especial de actuación contra el fraude. Los inspectores proponen "incrementar los medios humanos y materiales", y "aprobar medidas normativas y organizativas necesarias" para combatir la economía sumergida, sobre todo con acciones encaminadas a perseguir a aquellos con mayor capacidad para eludir el pago de sus obligaciones impositivas.
La obligada cooperación
El Parlamento Europeo ya ha sentado sus recomendaciones para estrechar el cerco al trabajo no declarado. Aboga por establecer una estrategia basada en "una estrecha y eficaz coordinación y cooperación administrativas entre las agencias gubernamentales de trabajo, los interlocutores sociales, las administraciones de la Seguridad Social y las autoridades fiscales". Ello implica necesariamente el intercambio de información y acceso a las bases de datos, además de la aprobación de programas de actuación inspectora combinados en materia financiera, fiscal, laboral y de la Seguridad Social.
En esta línea, el lehendakari, Patxi López, viene insistiendo en la necesidad de que las tres Diputaciones, competentes en fiscalidad, pongan en marcha actuaciones coordinadas para mejorar la eficacia contra el fraude tributario. Así lo propuso el Ejecutivo autónomo en la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) del pasado 17 de junio.
Las autoridades gubernativas deben contar, aconseja Estrasburgo, con medidas sancionadoras que, además de resultar disuasorias, cumplan una función ejemplarizante y sean signo del rechazo social que debe producir la elusión fiscal.
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