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Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

Rajoy: "Esto no pasaba con nosotros en el Ministerio del Interior"

Los dirigentes populares eluden el fondo de la investigación y culpan a Rubalcaba

La dirección nacional del PP estima que aún no tiene necesidad de hablar del fondo de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción lleva a cabo desde hace más de dos años en Alicante, la llamada Operación Brugal, que ha llevado ante la autoridad judicial al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, -imputado desde anoche por varios presuntos delitos-, junto a otras once personas. La confusión creada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el juez instructor de Orihuela, al dar a entender su desconocimiento sobre las detenciones y los registros, ha permitido al PP dedicar el día de ayer a acusar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ordenar esta operación.

Los populares mantienen que pudo haber "detención ilegal"

A la cabeza de esta estrategia de denuncia contra la actuación policial se puso ayer el líder del PP, Mariano Rajoy. "Esto con nosotros no pasaba; yo he sido ministro del Interior y esto no pasaba y tampoco cuando eran ministros del Interior personas de mi partido", proclamó Rajoy, tras entrevistarse en el Congreso con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. Se refería Rajoy a las horas en las que el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP de la provincia estuvo con la policía mientras registraban su domicilio y su despacho. Rajoy hizo estas manifestaciones antes de que se conocieran las imputaciones contra Ripoll. Sí reconoció el presidente de los populares que el día anterior había hablado con él. "Le expresé, en estos momentos difíciles, mi ánimo y mi solidaridad y le dije que me tuviera informado", sintetizó el líder del PP.

La estrategia del PP consiste en censurar al Gobierno y decir en qué momento del proceso pasa a pedir alguna responsabilidad a los militantes afectados y, desde luego, al presidente de la diputación. Y las acusaciones contra el Gobierno fueron ayer muy duras; nada menos que vulneración de derechos y libertades y hasta comisión de un delito de secuestro. La denuncia adquirió la máxima relevancia al ser formulada por el presidente del PP. "Mi solidaridad con las personas que son detenidas sin orden judicial", clamó Rajoy en tono solemne.

Tan solo se le había pedido si asumía las acusaciones formuladas por dirigentes de su partido al Gobierno. No dudó en avalarlas y justificarlas. "El Ministerio del Interior ha dado un espectáculo muy poco edificante", opinó tras dar por sentado que la policía ha actuado al margen del juez. "La policía es la misma que cuando nosotros estábamos en el Gobierno. Por tanto, la responsabilidad está en las autoridades políticas". Para dejar claro de qué acusa Rajoy al Gobierno pidió al Ministerio del Interior "que garantice los derechos fundamentales porque ésta es una democracia seria y civilizada y no otra cosa".

A la pregunta de si le llamó el día anterior el ministro para darle a conocer los detalles de la operación y si se iban a producir detenciones, Rajoy no respondió, ni para confirmar ni para desmentir ese extremo. Por su parte, los socialistas también declinaron pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, con conversación o sin ella el PP no cambió de estrategia. Antes de que Rajoy se manifestara, le abrieron el camino los dirigentes de su partido, siempre centrados en las circunstancias de la actuación policial. El responsable de Justicia e Interior, Federico Trillo, aseguró que se ha producido una "grave quiebra del Estado de derecho".

Mucho más lejos fue el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, imputando además delitos a los responsables del operativo policial: "A lo que hemos asistido es a un secuestro, no a una detención".

García-Escudero añadió que "ha sido un gran montaje mediático" y denunció que a miembros del PP se les trata "como si fueran terroristas". Atizó esa tesis la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que "es un escándalo" y "un atentado a los derechos fundamentales". Aguirre denunció una "utilización partidista de instituciones del Estado contra el PP".

El portavoz del partido, Esteban González Pons, mantuvo ayer en la Cadena Ser un duro enfrentamiento con la responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano. La dirigente socialista quería hablar de la corrupción y el dirigente popular de Rubalcaba. Aunque todos pidieron la comparecencia del ministro, ayer no se había registrado la petición en el Congreso.

No obstante, fuentes populares señalaron que pedirán explicaciones porque "puede haber habido una detención ilegal". Cuando se conocieron las imputaciones a Ripoll, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, sentenció: "Se rasgó la cortina de humo, ahora el PP debe dar explicaciones y tomar decisiones".

Fuentes del PP aseguraron que, pese a la imputación de Ripoll, mantendrán su presión contra Rubalcaba y su petición de que comparezca en el Congreso. Seguirán denunciando una detención ilegal, al margen de que Ripoll sea acusado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de julio de 2010