El 'narco' mexicano acorrala a la política

El narcotráfico tiene a México contra las cuerdas. El asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Tamaulipas y el secuestro, desde hace 48 días, de Diego Fernández de Ceballos, uno de los políticos más poderosos del país, ponen de manifiesto de manera dramática el poder del crimen organizado y la debilidad del Gobierno de Felipe Calderón, solo en una guerra que ya ha provocado más de 22.000 muertos.

Dos días después de que el candidato Rodolfo Torre Cantú y ocho de sus colaboradores fueran asesinados a plena luz del día en Ciudad Victoria, las autoridades siguen sin saber cómo, quiénes o cuál es la intención de un crimen político que supone un salto cualitativo en la violencia del narcotráfico. Las elecciones a gobernadores que se celebran el domingo en 12 Estados de la República están ya marcadas por la sangre y el miedo.

Unos 12.000 interventores han rechazado participar en Tamaulipas

Las mujeres de Ciudad Juárez no acudirán a las urnas por miedo

Los sicarios tenían toda la información en el asesinato del candidato del PRI

La prensa arremete con dureza y denuncia el voto del narcotráfico

El mensaje está muy claro: ya nadie está seguro en México. Los jefes de la droga no solo están en guerra por los territorios, sino que pugnan por colocar a sus respectivos candidatos en la cima del poder político. "Con plata o con plomo", llegó a reconocer hace unos días el propio Calderón. Tamaulipas es un ejemplo. Desde hace décadas, según denuncian los medios locales, las elecciones en el Estado norteño han venido siendo supervisadas -cuando no apadrinadas- por el cartel del Golfo. Sin embargo, desde principios de año, la organización criminal se fracturó y entró en disputa con Los Zetas, hasta entonces su brazo armado. La paz vigilada se convirtió en guerra abierta. Se dice, porque aún no hay versión oficial de los hechos, que las dos camionetas cargadas de sicarios que emboscaron y mataron al doctor Torre Cantú llevaban una zeta pintada sobre los cristales tintados.

La manera en que se cometió el atentado demuestra hasta qué punto el Estado está desbordado por el crimen organizado. La caravana del candidato del PRI fue atacada a las 10.30 de la mañana del lunes, cuando se dirigía al aeropuerto. Los sicarios no solo sabían eso, sino también que los vehículos blindados de que disponía el candidato habían sido enviados horas antes a Matamoros para proteger su gira electoral prevista para la tarde. A pesar del fuerte despliegue del Ejército y de la Policía Federal en Tamaulipas, los criminales fueron capaces de cruzar un camión en la carretera, detener la comitiva electoral, bajar a sus ocupantes y ejecutarlos sobre el asfalto. Nueve muertos. Ningún testigo.

La buena información de los sicarios contrasta con el desconcierto que exhibieron Felipe Calderón y sus principales colaboradores en su comparecencia ante el país. Lo más preocupante no eran los rostros demudados de los jefes del Ejército y de la Policía Federal o su falta de información, sino un dato que se hace presente cada vez que el presidente, con voz solemne, promete castigar a los culpables: el 95% de los crímenes en México queda impune.

Por dos veces en menos de 24 horas, el presidente Calderón compareció desde su residencia de Los Pinos. El mensaje fue el mismo en ambas ocasiones: "Hoy hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente y pretende imponer sus reglas. Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para unirnos en defensa de las instituciones en estos momentos tan delicados de la vida nacional. No hay otro camino que encarar con fuerza a la delincuencia organizada hasta conseguir derrotarla".

Se trataba, sobre todo, de un mensaje al PRI. Calderón necesita que el partido hegemónico en México hasta el año 2000 lo respalde en su guerra contra el crimen organizado. Pero, a tenor de las primeras declaraciones en caliente de algunos de sus líderes, parece muy difícil que ese apoyo se produzca. Aun a pesar de que el crimen contra el candidato del PRI en Tamaulipas y el secuestro de Fernández de Ceballos suponen un aviso muy serio de que la élite política ya no es intocable.

Desde los medios de comunicación mexicanos se resaltó ayer la gravedad del momento. El diario Reforma llevó a su portada un editorial -un hecho casi inédito en sus 17 años de vida- titulado El voto del narco en el que se constata que el país vive una emergencia nacional. "Lo ocurrido", dice Reforma, "trasciende por mucho las fronteras de Tamaulipas. Evidencia que hay una clara complicidad entre políticos y carteles. Las elecciones están perdiendo sentido por el dinero sucio que las financia. El violento voto del narco coloca en un predicamento los comicios: ¿tendrá sentido celebrar elecciones cuando hay un poder de facto que impone su voluntad por encima de la voluntad ciudadana?".

En Milenio, el escritor Héctor Aguilar Camín afirma en su columna diaria: "La violencia criminal ha dado un salto cualitativo. La opinión pública y las autoridades del país deben darlo también, cerrando filas en el rechazo y en el combate al crimen organizado". Pero mientras eso sucede o no, la situación que vive México es la que retrata El Universal en su primera página bajo el título Los comicios del miedo: en Tamaulipas, 12.000 interventores han rechazado participar y las mujeres de Ciudad Juárez han dicho que no irán a votar por "el elevado índice de violaciones, asaltos y asesinatos".

Pese a todo, las elecciones se celebrarán el domingo. El Gobierno se ha comprometido a redoblar la ya muy numerosa presencia del Ejército y la Policía Federal en las zonas más violentas. Es un consuelo a medias, porque en lugares como Ciudad Juárez, donde se vive un verdadero estado de excepción, las matanzas siguen produciéndose. Por todo el país, los candidatos que no han aceptado la plata del narcotráfico suplican al Gobierno que los blinde como sea ante el plomo de los sicarios.

[El periodista Juan Francisco Rodríguez Ríos, de 49 años, y su esposa, María Elvira Hernández, de 36, fueron asesinados a balazos el lunes en un cibercafé de su propiedad en el Estado sureño de Guerrero, informa Efe. Rodríguez era dirigente local del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa].