PP y PSPV sacan la Ley de Función Pública sin el requisito lingüístico

Populares y socialistas aprobaron ayer una nueva Ley de la Función Pública, que moderniza el marco legal que regula a los 190.000 empleados de la Generalitat valenciana, pero que sigue sin incluir el requisito lingüístico. Esto es, que las personas que aspiren a un puesto de funcionario demuestren previamente tener conocimientos de valenciano para atender a los ciudadanos que deseen expresarse en esta lengua. Es la primera gran ley que consensúan el PP y el PSPV desde que estalló en 2009 el caso Gürtel.

Los populares hicieron gala del consenso alcanzado con los socialistas para introducir un nuevo marco legal que introduce un nuevo sistema retributivo basado en el complemento de carrera y actividad profesional; prevé la figura del personal directivo público profesional por un periodo máximo de dos años o cataloga a los conductores del Gobierno valenciano como personal de confianza. El PP intentó rebatir las críticas de Compromís y Esquerra Unida, que votaron en contra por la no inclusión del requisito lingüístico, con el argumento de que las personas que ganan una plaza de funcionario deben acreditar su conocimiento del valenciano y si no lo tienen deben acudir a los cursos organizados por la Generalitat.

Con la nueva ley, los senadores territoriales se elegirán en 30 días

El portavoz socialista, Joan Ignasi Pla, justificó el apoyo de su grupo porque la nueva ley es un avance, aunque no incluya el requisito lingüístico. Pla argumentó que los socialistas habían votado en contra de algunos artículos, como los relacionados con los requisitos de acceso a la función pública por no incluir la obligación de conocer el valenciano, pero valoró el paso adelante que supone que los funcionarios deberán acreditar sus conocimientos de valenciano.

La Plataforma pel Requisit Lingüístic se concentró ayer frente al Palau de la Generalitat durante la tramitación de la ley para recordarle al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que la propia Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) elaboró un informe en el que apostaba sin ambages por la introducción del requisito lingüístico en la Administración pública valenciana. "El Gobierno valenciano no hace caso de la AVL, a la que sí reconoce como una institución clave dentro del Estatut d'Autonomia", resumió ayer Toni Garcès, de Acciò Cultural, que junto a Escola Valenciana, los sindicatos Intersindical, CC OO y UGT, los partidos de izquierda y la federación valenciana de padres, forma parte de la plataforma. Garcès recordó que con "la falta de voluntad política del PP" se ha perdido la oportunidad de sintonizar con "el amplio consenso ciudadano" en torno a la lengua.

En el mismo pleno, el PP rechazó varias iniciativas parlamentarias de la oposición para mejorar la transparencia de la Generalitat en materia de regalos y gastos de representación y el destino de los fondos de las fundaciones públicas. En la misma sesión, el PP aprobó en solitario, tras demorar durante meses el nombramiento de la socialista Leire Pajín, una nueva ley de elección de senadores territoriales, que reduce el plazo de designación a 30 días como máximo.