Inspectores ven "abuso de autoridad" en la sanción al director de Les Nòries

La política de sancionar a directores de centros escolares públicos por su gestión crítica -iniciada por la Consejería de Educación el curso pasado y consumada este año- ha levantado ampollas entre los propios funcionarios del cuerpo de inspectores de educación de la Generalitat. Un informe interno de la asociación profesional de inspectores Adide (mayoritaria en España) elaborado en junio considera que, en el caso concreto de la sanción de 20 días de empleo y sueldo al director del IES Les Nòries de Monforte del Cid, la Administración puede incurrir en un delito constitutivo de "abuso de autoridad" y "prevaricación".

José Luis Santiago fue acusado el 16 de febrero de incurrir en un acto de infamia hacia la figura pública del consejero Alejandro Font de Mora, por permitir que se colgara en los pasillos del centro un retrato suyo con la cabeza hacia abajo, en el contexto de las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo contra el empecinamiento de la Generalitat de traducir al inglés las clases de Educación para la Ciudadanía, asignatura rechazada por el PP en España.

Los sindicatos califican el proceso de "caza de brujas" de inspectores del PP

Adide considera que el "juicio sumarísimo" al que la consejería ha sometido al director y miembro fundador de este instituto, José Santiago, es de una "gravedad" sin precedentes. "Es la primera vez que se recurre a dicha medida desde que la Lopegce incorporara este tipo de procedimiento iniciado en 1995", reza parte del informe que tipifica el proceso a Santiago como de "historia de una infamia".

Al Santiago se le han practicado, solo a lo largo de este curso cuatro inspecciones con dos inspectores durante dos días seguidos, por participar "por acción o por omisión" de una protesta, aunque esta había sido aprobada por el consejo escolar.

Harto de las presiones -"la incoación del expediente disciplinario, la sanción, la visita sumarísima de dos inspectores (algo sin precedentes)"- Santiago presentó su renuncia en mayo de 2010, sin que esta fuera aceptada.

Fuentes sindicales aluden a una "caza de brujas" política, puesto el caso de Santiago ha sido llevado por "dos inspectores de conocida militancia en el PP, y uno de ellos, además, es consorte de una profesora concejal del PP en Crevillent, adscrita en comisión de servicios a la Dirección Territorial de Educación de Alicante".

El de Santiago no ha sido el único expediente coincidiendo con la batalla de la Ciudadanía. A Virgilio Perona, director del colegio público de Enguera, le ha sido abierto otro por una ampliación del centro de 27,7 metros cuadrados a la que habían dado su visto bueno, durante varias visitas, tanto el concejal de Urbanismo como el inspector. El lunes la Administración firmó su salida del cuerpo docente durante 18 meses. Aunque el pliego de cargos, según el STEPV que lleva su defensa, pedía 66 años de inhabilitación.