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Castells no admitió que el informe jurídico sobre el hotel fuese preceptivo

La juez y el fiscal sí consideran necesario el dictamen- Suspendida la declaración del gerente de Urbanismo al poco de iniciarse

El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, no admitió ante la juez el pasado lunes que el informe jurídico sobre el hotel del Palau de la Música fuese preceptivo, contrariamente a lo que aseguraron fuentes judiciales a este diario. Durante su declaración, Castells "dejó claro que el informe jurídico no era preceptivo", aseguró su departamento en una nota de prensa. El comunicado añadía que era "falso el titular de la información, lo que solo puede obedecer a filtraciones interesadas y manifiestamente inexactas".

En la querella del fiscal Antoni Pelegrín se expone que el convenio firmado el 8 de marzo de 2006 entre Castells y el presidente del Palau, Fèlix Millet, comportaba la apertura de un expediente administrativo "del que resulta que no se hizo el informe jurídico previo y preceptivo por la asesoría jurídica de aquel departamento". En el mismo sentido, en el auto de prisión contra Millet y Montull dictado el día 17 por la juez Míriam de Rosa se insiste en que en ese expediente tampoco "obra el informe jurídico preceptivo", ni el de valoración por pérdida de patrimonio por la Generalitat, ni tampoco el de valoración del suelo adquirido por la fundación. La inexistencia de esos informes no fue negada por Castells.La investigación judicial de la causa por el hotel del Palau prosiguió ayer con la declaración de Joan Morera, el abogado de la Generalitat que debió elaborar el informe que el fiscal y la juez consideran preceptivo y Castells no. El letrado secundó la opinión del consejero y explicó que si no elaboró ese informe es porque carecía de toda la documentación y que cuando la recibió, Castells ya había firmado el convenio sobre el que debía pronunciarse.

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Después declaró Xavier Casas, ex primer teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y que el 24 de octubre de 2006 firmó un convenio con la Generalitat y el Orfeó por el que el Consistorio se comprometía a modificar el Plan General Metropolitano para construir el hotel e iniciar la descatalogación de las fincas.

Casas defendió la legalidad de los trámites urbanísticos del proyecto del hotel del Palau, aunque no aclaró si, como sostienen Millet y Montull, fue él quien propuso la finca objeto de permuta con la Generalitat. El testigo invocó la necesidad de ser discreto sobre el contenido de su declaración.

También testificó el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramon Massaguer, cuya comparecencia finalizó a los pocos minutos de iniciarse. Esa actuación es la habitual cuando la justicia considera que se ha de cambiar la condición de un testigo a imputado para que pueda comparecer con abogado.

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