Pozuelo pide permiso para instalar 12 cámaras de videovigilancia en el centro

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (82.400 habitantes) se quiere sumar a los municipios con cámaras de videovigilancia para controlar zonas conflictivas de la ciudad. La Concejalía de Seguridad ha presentado un proyecto a la Delegación del Gobierno en Madrid para instalar 12 ojos electrónicos en las calles más céntricas y grabar las 24 horas del día lo que ocurre, según adelantó ayer el responsable del área, Gerardo San Pedro. Las imágenes las recibirá la Policía Local y se borrarán transcurrido un mes, si no son requeridas por las autoridades judiciales.

Los vecinos de las calles de las Flores, Doctor Cornago y Martínez Grande, entre otras, enviaron el pasado mes de agosto 1.470 firmas en las que se pedían medidas para aumentar la seguridad en esa zona. Según sus quejas, son frecuentes los problemas en los bares, como el tener la música muy alta durante toda la madrugada, las peleas y hasta el menudeo de estupefacientes. "El problema es que estas calles las frecuentan inmigrantes dominicanos y marroquíes y tienen otra cultura a la nuestra, en la que están acostumbrados a montar bastante alboroto de madrugada. Los vecinos se quejaban de que había muchos gritos durante la noche y que, cuando hace calor, salen a la calle y no les dejan dormir", destacó el concejal.

La Policía Local aumentó la presencia de agentes en la zona tras la petición de los vecinos y, según el edil, las agresiones son mínimas y se ha reducido el menudeo. "Nos hemos reunido con el cónsul General de la República Dominicana para intentar que medie con sus compatriotas y acabar con el posible enfrentamiento entre los vecinos de esa zona", añadió San Pedro. Este destacó que las autoridades municipales ya han hablado con los responsables de los locales y les han recordado que no pueden pasar de 70 decibelios por la noche.

Las cámaras costarán unos 25.000 euros al Consistorio, ya que utilizarán la red de fibra óptica municipal para transmitir las imágenes en tiempo real. La ley obliga a que no se graben domicilios particulares -ni siquiera balcones que den a la calle- y que las imágenes estén custodiadas por agentes de la autoridad, de tal forma que no puedan ser consultadas o utilizadas por nadie ajeno a la policía. La normativa obliga a que la zona sea señalizada a la entrada y salida de las calles de tal forma que las personas que deambulen por ellas sepan en todo momento que están siendo grabadas por la autoridad.

La Comisión Regional de Videovigilancia, órgano colegiado a cuyo frente está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), estudió el informe redactado por un suboficial de la Policía Local. El próximo martes, el Ayuntamiento celebra junta local de seguridad en la que se informará, previsiblemente, del resultado al que haya llegado la Comisión de Videovigilancia.

Hasta la fecha, cuatro zonas de la capital disponen de cámaras de videovigilancia. Se trata del Museo de Esculturas al Aire Libre del paseo de la Castellana, la plaza Mayor, la calle de la Montera y aledaños y el barrio de Lavapiés. Todas recibieron el visto bueno de la comisión para seguir con las cámaras instaladas, según fuentes judiciales.