Bilbao se descuelga del Pacto por la Vivienda

El acuerdo institucional que busca el Gobierno para sus planes de vivienda suma otro rechazo. Al anunciado por la Diputación de Vizcaya el pasado martes, se unió ayer la negativa del Ayuntamiento de Bilbao, que aduce que el texto "no incorpora apuestas claras y audaces para garantizar" el derecho a la vivienda.

El llamado Pacto Social por la Vivienda, firmado el pasado miércoles por 70 entidades del sector, persigue fijar los criterios de actuación en esta materia para los próximos 15 años, de forma que sirva de base para el nuevo Plan Director de Vivienda, con vigencia hasta 2013, y para la futura ley de Vivienda. Entre sus objetivos figura facilitar el acceso a viviendas protegidas a cerca de 90.000 familias, de las que la mitad serían en régimen de alquiler. A ello se suma la apuesta por rehabilitar cerca de 250.000 pisos. Ambas opciones -alquiler y rehabilitación- tendrán prioridad sobre la construcción masiva.

Tras firmar el pacto con los agentes sociales y económicos del sector -desde consumidores, constructores y promotores hasta entidades financieras-, la intención de la consejería que dirige Iñaki Arriola pasaba por buscar el acuerdo institucional tanto con las tres diputaciones como con los ayuntamientos. Dos de las principales, ambas gobernadas por el PNV, la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Bilbao, han mostrado rápidamente su rechazo. La institución foral ha justificado su decisión con el argumento de que dispone ya de su propio plan de vivienda.

La concejal de Urbanismo de Bilbao, Julia Madrazo, de EB, hizo público ayer el rechazo del consistorio, aunque ofreció al departamento una "colaboración sincera" en materia de alquiler y rehabilitación y regeneración urbana. Madrazo opinó que uno de los mayores escollos que presenta el pacto radica en la liberación del suelo y la privatización de plusvalías urbanísticas, que "favorece los intereses de propietarios de suelo y promotores privados". La edil censuró que se pretenda aumentar las cargas de urbanización de las viviendas protegidas y que el promotor pueda elevar la edificabilidad.

Tras el rechazo de estas dos instituciones, falta conocer qué harán las otras dos diputaciones, toda vez que los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián, en manos socialistas, apoyarán el pacto.