Euskadi lanza la reforma fiscal para recaudar 2.700 millones de euros más
El Gobierno ofrece a las diputaciones una lucha coordinada contra el fraude
Las instituciones vascas abrieron ayer el debate sobre una reforma fiscal que garantice para los próximos años un incremento de la recaudación por tributos concertados cercana a los cuatro puntos del PIB de la comunidad autónoma, unos 2.700 millones de euros, según el ultimo indicador de producción interior. Los representantes del Ejecutivo y las tres diputaciones coincidieron ayer en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), que se reunió en la sede de la Hacienda alavesa en Vitoria, en que hay que tomar decisiones que corrijan las sucesivas caídas de ingresos fiscales de 2008 y de 2009, la última del 15,9% . Con todo, ayer no se adoptó ninguna decisión concreta al respecto.
La reunión del OCT concluye sin adoptar decisiones concretas
Las instituciones se comprometieron a seguir trabajando en comisiones específicas para equilibrar las cuentas públicas, habida cuenta de que los descensos en la recaudación han ido paralelos a un encarecimiento de los servicios sociales y de los costes salariales del sector público. La recaudación de este año será similar a la de 2005, cuando en el último lustro sólo los costes salariales del Gobierno han crecido un 33%.
"El centro de atención de este estudio no es la subida de impuestos, sino la necesidad de mejorar el potencial recaudatorio del sistema fiscal vasco, unas medidas que se estudiarán para que no obstaculicen con su aplicación la recuperación económica", explicó el Gobierno en el comunicado que difundió tras la reunión.
Una de las claves de ese concepto de mayor recaudación, pero no necesariamente subida de la presión fiscal, es el emplazamiento del Gobierno a las diputaciones para que lancen una ofensiva coordinada contra el fraude. La viceconsejera Manuela Escribano, quien representó en la cita al departamento que encaebeza Carlos Aguirre, ofreció logística, personal y apoyo a las tres instituciones forales para trabajar de forma conjunta en minimizar el peso de la economía sumergida, cercano al 20% del PIB, unos 13.600 millones de euros, e incorporar ese dinero al sistema para que genere más de 3.500 millones en tributos.
Junto a la propuesta de trabajo del Gobierno, el OCT analizará también la que planteen en breve las diputaciones. Fuentes forales vizcaínas indicaron que el Ejecutivo planteó sobre todo "un documento de metodología para continuar la reflexión, pero sin medidas concretas". Las diputaciones lo analizarán ahora, pero su prioridad siguen siendo "las medidas que compensen a los colectivos más perjudicados, por la crisis unos, los parados, y por el recorte del déficit otros, los pensionistas".
Supone un discurso complementario al que lanzó el diputado general de Álava, Xabier Aguirre, hace días al mostrarse favorable a adoptar medidas que hagan tributar más a las rentas más altas, pese a las críticas que recibió de sus compañeros de filas.
El Gobierno cree que lo razonable en estos momentos es trabajar sin prisas en la definición de un nuevo modelo tributario que habrá de servir para la próxima década, pero quiere tenerlo todo preparado para después del verano. En ese calendario pretende no acercarse demasiado a finales de año, para no interferir en la precampaña de las elecciones municipales y forales de mayo de 2011, sobre todo si hay consenso.
La propuesta del Ejecutivo a las instituciones competentes para materializar la reforma es doble. Por una parte, se trataría de estudiar medidas que puedan tener efectos recaudatorios inmediatos, como el examen del IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Y ello se haría sin perder de vista medidas que incidan en el potencial recaudatorio de los tributos en los próximos ejercicios. Estarían entre estos el IRPF, el Impuesto de Sociedades, los tributos locales, las tasas y precios públicos, las nuevas figuras tributarias que puedan aplicarse en un futuro y una serie de medidas para mejorar el tejido productivo.
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