El 83% de la facturación de Margüello a Sanidad se basó en contratos irregulares
El departamento sólo estudió tres de los ocho aumentos de tarifas de Medical Dom
De los 33,5 millones de euros que las empresas relacionadas con el caso Margüello recibieron entre los años 1996 y 2009 en contrataciones con Sanidad y Osakidetza, un total de 28 millones (el 83,5% del total) provenían de contratos en los que se cometieron graves irregularidades. Esta última cifra fue aportada por el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la contratación de distintos servicios sanitarios por empresas privadas vinculadas al ex director de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la Oficina de Control Económico del Gobienro han declinado cuantificar el perjuicio económico causado a las arcas públicas.
Elorriaga se reunió con la Inspección Médica para explicar sus decisiones
La UTE cobró 175.000 euros más de lo establecido en las tarifas máximas
Fernández declaró a puerta cerrada en la comisión, según ha constatado EL PAÍS, que la "práctica totalidad" de los contratos de Medical Dom, Gestión de Servicios Sanitarios XXI y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por esta última, Clínica Indautxu y Rehabilidom presentan serias irregularidades, extremo corroborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Medical Dom se encargaba de la atención domiciliaria urgente en las tres provincias y obtuvo contratos entre 1996 y 2009 por 25,6 millones de euros, mientras que Gestión XXI actuaba como intermediaria.
Las anomalías se refieren a cuatro puntos de las contrataciones: la incompatibilidad de los tres médicos ligados a estas firmas -Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga- para contratar con Sanidad, la resolución de una de las autorizaciones de funcionamiento expedida por la Dirección Territorial de Sanidad de Vizcaya, el aumento injustificado de tarifas y los propios procedimientos de contratación empleados. A ello se suma las prórrogas que lograron estas entidades.
Al hilo de estas últimas, Fernández declaró en la comisión: "A mi juicio, hay una intencionalidad de crear un monopolio". "Estamos hablando de 14 años en los cuales no ha habido prácticamente concurrencia en los concursos", agregó.
El director territorial de Vizcaya en 2006, José Ramón Elorriaga, mantuvo una reunión informal con el jefe de Inspección Médica, Xabier Elexpe, instructor del expediente informativo redactado hace un año sobre su actuación, y la ex letrada de Sanidad Cristina Rodrigo. Elorriaga achacó a un plan de reducción de listas de espera presentado en el Parlamento en 2007 el cambio del procedimiento de contratación empleado en un concierto -se cambió de concurso público a procedimiento negociado- con la citada UTE. Margüello fue apoderado de dos de las empresas de esta unión.
Elorriaga atribuyó también esta modificación a que el resto de empresas se hallaban saturadas de trabajo o no tenían recursos para realizar los servicios que se precisaban. Con respecto a la autorización de funcionamiento que Elorriaga aprobó para Gestión XXI en 2006 y que ha sido declarada nula de pleno derecho, el ex director territorial de Vizcaya explicó que esperó a tener un informe del director de Régimen Jurídico del Gobierno. Este último se emitió el 14 de junio, pero la resolución de la Dirección Territorial se aprobó el 9 de junio, el mismo día en que se pidió, y tiene como fecha de salida el 19 del mismo mes.
Elorriaga ha solicitado amparo al Ararteko porque no Sanidad no le dado la posibilidad de explicarse. El Defensor del Pueblo vasco no se ha pronunciado sobre este extremo, que dejaron entrever las parlamentarias del PNV Nerea Antia y Eider Mendoza en una comparecencia infrormativa.
Con respecto a los aumentos de tarifas de Medical Dom, algunos de hasta el 19%, las averiguaciones indican que las direcciones territoriales analizaron estos aumentos. Varios de ellos fueron motivados por los incrementos salariales de Osakidetza que supuso la introducción de la carrera profesional, ya que para que Medical Dom fuera atractivo para los facultativos debía pagarles más. Sin embargo, estos estudios solo se realizaron en tres de las ocho ocasiones en que hubo aumentos de tarifas, lo que ha la Inspección Médica considerado insuficiente.
Una salita con un teléfono para derivar pacientes
Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la empresa cuya autorización de funcionamiento ha sido declarada nula de pleno derecho -y el Gobierno ha remitido todo el proceso a la fiscalía-, era una firma cuyas instalaciones se limitaban a una simple sala en la que una persona atendía el teléfono y derivaba pacientes. Así se desprende de la comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria de la ex letrada de Sanidad Cristina Rodrigo, quien intervino en la elaboración del primer expediente informativo para Sanidad sobre el caso Margüello y que más adelante realizó un segundo informe.
Esta entidad logró entre 2006 y 2008 contratos con Sanidad por poco más de dos millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha constatado que el 20% de lo facturado por la entidad no se corresponde con la orden de tarifas. Gestión XXI también formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Clínica Indautxu y Rehabilidon que logró contratos que costaron a las arcas vascas entre 2008 y 2009 un total de 175.000 euros más de lo establecido en las tarifas máximas para servicios de rehabilitación.
El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas destaca además que junto con la petición de autorización sanitaria existe un informe de la Seguridad Social que apunta que Gestión de Servicios Sanitarios XXI no figura en su sistema. Dicho de otro modo, "no disponía de personal para llevar a cabo el servicio" para el que la empresa sería concertada.
Gestión de Servicios Sanitarios XXI pidió una autorización para poder concertar con Sanidad en febrero de 2006, procedimiento que no llegó a buen puerto. El 9 de junio del mismo año se presentó de nuevo la solicitud, que fue aceptada y resuelta el mismo día por la Dirección Territorial de Vizcaya.
La ausencia del procedimiento a seguir, con una inspección de las instalaciones incluida, ha motivado que la autorización sea declarada nula de pleno derecho y que el procedimiento vaya a los tribunales. La comisión parlamentaria se plantea por qué se contrató a Gestión XXI como intermediaria, una labor de las direcciones territoriales, con otras empresas con las que tenía acuerdos cuando estas ya contaban con autorizaciones en regla.
Contratos por 33,5 millones
- El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas detalla en su informe preliminar del caso Margüello los contratos que las empresas analizadas suscribieron con Sanidad y Osakidetza por un total de 33,5 millones de euros.
- Medical Dom. Fue la principal beneficiada, con contratos entre 1996 y 2009 por 25,6 millones.
- Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Dos millones entre 2006 y 2008.
- Recard 2000. Un total de 90.000 euros en 2004 y 2005.
- Unión Temporal. Cinco millones entre 2007 y 2009.
- Progénica. 715.000 euros.
- MES Formación..000 euros.
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