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"Aquí muchos pagaron la maquía"

Los vecinos de Gondomar están al tanto de la corrupción, pero la mayoría calla

En la cafetería de Rosita Cristaleiro, probablemente la rosquillera más célebre de Galicia, se produce un desplazamiento de masas cuando, como quien no quiere la cosa, se saca a debate el tema de la corrupción local. El bar es tradicional parada de votantes y militantes del PP, y cuando se plantea la cuestión varios lugareños hacen mutis por el foro. Una mujer de entre los que marchan deja caer su sentencia mientras enfila la puerta: "Aquí la gente no habla porque no quiere problemas".

Luego, entre los que se quedan, tras mucho insistir van surgiendo los comentarios, que en resumidas cuentas confluyen en ese dicho, "mismos perros con distintos collares", con el que muchos justifican la inmovilidad del voto. "Ya lo decían las abuelas: 'Cambiarás de muiñeiro pero non de ladrón", suelta desde la barra Enrique, al parecer aficionado a las frases y las metáforas. "La grasa siempre engrasó los engranajes. Si no, la maquinaria no va. Los partidos y los Ayuntamientos necesitan cuartos, y como aquí no tenemos un pozo petrolífero, hay que sacarlos de otro sitio".

"La 'grasa' siempre engrasó los engranajes. Si no, la máquina no va"
"Ahora vendrán los sicarios a cobrar el dinero en B pagado por los promotores"

"Mientras los constructores pidan dinero en B a la gente, la mecánica en Gondomar no va a cambiar", interviene un responsable del local, como si considerase únicas culpables a las promotoras de las comisiones que les cobraban a ellas concejales de PP, a cambio de incluir convenios ad hoc en el plan general que estaba elaborando el Ayuntamiento en 2007. Este planeamiento abortado tras las detenciones de algunos de sus mentores preveía siete grandes urbanizaciones, ahora paradas a la espera de un nuevo plan. Le toca aprobarlo al gobierno tránsfuga (con ex ediles populares y socialistas) que arrebató el mando al alcalde del BNG, Antón Araúxo, tras una moción de censura.

A finales de la semana pasada, un jurado popular dictó sentencia contra el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez (multa de 1,08 millones de euros e inhabilitación para cargos públicos); el de Cultura, José Luis Mosquera (multa de 135.000 euros); y el arquitecto municipal, Borja Ramilo (70.500 euros). Este es el último en celebrarse de los tres juicios que pesan actualmente sobre representantes y ex representantes municipales del PP por asuntos turbios de urbanismo. El quiosquero de enfrente del consistorio dice que se nota que la gente está preocupada, que en las casas se habla del tema, porque en los últimos días se disparó la venta de periódicos. "Es que aquí somos masoquistas", concluye. El único que no ha querido estar presente, según el Bloque, ha sido el actual alcalde, el ex miembro del PP Martín Urgal, "que estos días está de safari en Senegal y mientras tanto perdió un millón de euros del segundo Plan E".

Resulta que dos de los clientes que abandonan el café del hotel Cristaleiro cuando se mienta la corrupción, en vez de escabullirse aguardan en la Alameda a que salga la que pregunta. "Si lo que quieres son respuestas, fuiste a mal lugar", le advierten. "En Gondomar reina la corrupción. Los periodistas tenéis un filón porque esto no acaba aquí. El Tribunal de Cuentas, pero no el gallego, sino el de Madrid, tendría que hacer una auditoría de 2007 para atrás. Y los chanchullos no se terminaron con aquellas detenciones. Los chanchullos siguen aún ahora".

En el instituto en el que es profesor de Historia José Luis Mosquera, que vio magníficamente reducida su pena por cantar, ningún compañero de trabajo quiere hablar. "Ese es un tema personal de José Luis, y no vamos a entrar", argumentan, como si la corrupción política fuese una tara íntima que no perjudica a los ciudadanos. Pero en Gondomar también hay vecinos que se rebelan y se declaran insatisfechos por las "ridículas" condenas. Algunos se hacen oír desde posiciones con cierto poder local, como las comunidades de montes, y otros encuentran consuelo en colectivos como Moción=Corrupción, que cada primer sábado de mes organiza una cacerolada vespertina.

"Me siento estafado", lamenta Latino Rodríguez, presidente de la mancomunidad de Borreiros, "estas condenas de risa, que dejan a los culpables campando por Gondomar, me ponen triste. Aquí todos conocíamos la financiación irregular de los partidos, y muchísimos vecinos pagaron la maquía por detrás a los concejales a cambio de favores. Primero les decían, 'ti fai, ti fai', y luego les cobraban. Es una práctica habitual no sólo de este Ayuntamiento, sino de todo el Val Miñor".

"Yo creo que el 50% del dinero que ha circulado en Gondomar en estos años ha sido en negro", comenta otro presidente de una comunidad de montes, la de Vincios, Alberto Covelo. "Hubo un momento en que los pisos llegaron a costar 200.000 euros, y la gente joven que trabaja en Vigo, que venía a comprar aquí, al no tener dinero en B se terminó largando a Ponteareas o a Tomiño". Covelo coincide con Rodríguez al denunciar que los políticos, en realidad, "se llevaron mucho más dinero de los vecinos que de las promotoras", cuando les pedían el sobre a cambio de regularizar sus casas, levantadas en ausencia de plan general. "Ese es el más grave de los delitos, porque los gobiernos están para representar a los ciudadanos, no para robarles".

"A pesar de estar al lado de Vigo, de ser un pueblo dormitorio [Gondomar tiene ya una población real de 16.000 habitantes, 14.000 de ellos censados], aquí sigue funcionando el sistema de favores", explica por su parte Andrés Vicente, directivo de la Banda de Música de Vincios. "Es una tradición arraigada: recuerdo elecciones en las que en las urnas aparecieron sobres con billetes de 5.000 pesetas, porque algunos ni se daban cuenta de que el concejal de su parroquia les había ido a visitar para comprarles el voto".

"A este paso, van a tener que abrir una sección de la Audiencia en Gondomar. Uno detrás de otro, aquí siempre ha habido corrupción", sigue. "Primero hubo un alcalde, José de Lis, que se arregló la boca y pasó la factura como gastos de representación. Llegó a decir que se le habían gastado los dientes por culpa de las comidas oficiales y salió hasta en la prensa de Londres". Después de las escuchas que destaparon el caso juzgado estos días, "la gente dice que los concejales andan asustados y se pasan los mensajes escritos en servilletas". "Hay tejida toda una red relacionada con la construcción, con familias de toda la vida, políticos y algún arquitecto", afirma el músico. "La mayoría del pueblo sabe pero calla, por miedo o ignorancia... Yo creo que lo próximo que vamos a ver serán los sicarios colombianos, que vendrán a cobrarse el dinero de los promotores que pagaron bajo cuerda y no pudieron edificar".

Tres mosqueteros en el banquillo

Gondomar aprobó un plan general en 1997 que el Tribunal Superior de Galicia anuló cuatro años después, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. Lo sucedido a partir de entonces ha ido aflorando en tres procesos con culpables iniciales, independientemente de que los recursos en los tribunales impidan afirmarlo con plenitud. Lo mismo sucedió con aquel plan general, que la Justicia y la Xunta tuvieron que sacar del Ayuntamiento casi a punta de bayoneta. Para llenar su vacío, el gobierno local, con mayoría absoluta del PP bajo la presidencia de Carlos Silva, pergeñó el denominado "plan de la corrupción", que estalló en 2007, antes de cobrar vigor, ante la evidencia de las extorsiones perpetradas a su amparo por dos concejales, José Luis Mosquera, portavoz del Gobierno local, y Alejandro Gómez, responsable de Urbanismo.

El gobierno local, por otra parte, dio licencias a centenares de obras ilegales antes y después de que el Tribunal Supremo, en 2005, anulara en firme el plan de 1997. Sólo por una treintena de ellas, Silva y Mosquera están entre los condenados a 18 meses de cárcel e inhabilitación. Gómez, pese a ser el oráculo en la materia, se salvó de esa quema. Mosquera lo llevó luego a la hoguera de los cohechos. Pero Silva, dice, no se enteró de ese trajín de sus concejales. Ni de que él mismo diera licencias ilegales. Ni fue consciente de firmar documentos falsos, que se traficaban entre el Ayuntamiento y algún bar, dirigidos a legalizar otros desafueros urbanísticos, por los que el fiscal le pide otros dos años de prisión. El popular es de momento alcalde en la sombra del gobierno de tránsfugas, con pleno respaldo de Rafael Louzán.

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