La crisis: retos y oportunidades

Galicia comparte con España y la Unión Europea (UE) un tiempo decisivo de su historia que marcará un antes y un después en el contexto de un mundo en rápida transformación. Vivimos una crisis global originada en el epicentro del sistema financiero de Estados Unidos y que ha afectado singularmente a la UE, poniendo de relieve las carencias estructurales del proyecto europeo y de sus eslabones nacionales más débiles.

Si algo nos indica la crisis es la imperiosa necesidad de reformar y regular las instituciones y mercados financieros y los mecanismos de control y vigilancia, en Europa y en Estados Unidos, y de manera coordinada, en el seno del G-20. Hemos de buscar, en definitiva, una nueva gobernanza financiera capaz de devolver el sector financiero globalizado a su papel estratégico pero instrumental al servicio de la economía productiva.

Se han revelado de forma dramática los límites de la Unión Monetaria

Atrapada en el inmovilismo, la izquierda necesita definir un proyecto

Son urgentes la reforma laboral, de las pensiones y del sector financiero

La Xunta descarga la responsabilidad, como si no tuviera competencias

Por otra parte, la crisis revela dramáticamente los límites de la Unión Monetaria, porque agudiza los choques asimétricos sobre los Estados, choques derivados de la coexistencia de diferentes políticas económicas e importantes desigualdades entre los países que comparten una moneda única. Privados de la capacidad de respuesta que proporcionarían una política fiscal común, la posibilidad de transferencias entre los Estados y una política económica compartida. La respuesta a la crisis parece conducir a un único camino: la estrategia de la austeridad, que comporta una crisis social duradera, con desempleo, estancamiento económico y costosos ajustes.

La crisis financiera y económica también deja al descubierto los déficits estructurales de la UE, que ha venido perdiendo peso económico y político en los últimos 10 años en un mundo global en intensa transformación. Se agudizan los retos que para Europa supone la competencia en costes a la baja de los llamados "países emergentes", su intensa dependencia energética, la rigidez en su mercado laboral y el agudo envejecimiento demográfico que afecta a la sostenibilidad de su sistema de bienestar.

No es exagerado pensar que está en juego el propio proyecto europeo. Su futuro, nuestro futuro, dependerá de la capacidad para adaptar y modernizar el modelo social de mercado que la identifica, para hacerlo sostenible en un contexto mundial cambiante al tiempo que avanzamos en la gobernanza económica y la unión política. No podemos permitirnos que los ciudadanos acaben culpando a la construcción europea, cuando Europa es realmente el único instrumento de respuesta y de futuro.

Por otra parte, la crisis, sus causas y las respuestas de los gobiernos reabren el debate acerca del papel del mercado y del Estado. En un escenario internacional dominado por la ideología neoliberal, que proclamaba que los riesgos de desestabilización procederían únicamente de las ineficiencias del sector público, frente a la estabilidad estructural garantizada en el sector privado por la autorregulación eficiente de los mercados, ha sido el estallido de la burbuja financiera y la hipertrofia de estos mercados lo que nos han conducido hasta el desastre actual.

Resulta evidente que para salir de la crisis necesitamos de regulaciones eficientes y de dirección política eficaz. Sin embargo, paradójicamente, pareciera que la crisis cuestionara en mayor medida las posiciones socialdemócratas. Atrapada en buena medida en el inmovilismo en torno a los logros alcanzados veinte años atrás, la izquierda europea necesita urgentemente redefinir un proyecto solvente capaz de generar cohesión en torno a un modelo sostenible de convergencia económica, social y medioambiental.

España ha resultado ser uno de los eslabones débiles de la cadena europea. A los elementos compartidos de la crisis financiera y económica, añadimos una burbuja inmobiliaria propia que ha agregado dificultades extraordinarias, contribuyendo decisivamente a la reducción de ingresos públicos, al endeudamiento privado y al aumento del paro. Se ha agotado un modelo de crecimiento y se han puesto al descubierto nuestras carencias estructurales: falta de competitividad, desequilibrios en la balanza de pagos y endeudamiento masivo de nuestro sector privado.

Superar la crisis con perspectiva de futuro nos obliga a dar respuestas concertadas a los problemas estructurales que suscitan la desconfianza exterior en nuestra estabilidad y capacidad de crecimiento. Por ello son urgentes reformas en nuestro mercado de trabajo, en el sistema de pensiones, en el sector financiero y en el energético, en el sistema educativo y en nuestras administraciones públicas. La izquierda debería ser la primera interesada en avanzar en estas reformas para así hacer sostenible nuestro sistema de bienestar y generar empleo estable. La alternativa vendría de la mano de otras reformas socialmente regresivas.

En cualquier caso, el ajuste es necesario. La estabilidad presupuestaria y el rigor en las cuentas públicas son requisitos para el crecimiento y la creación de empleo. El problema radica en los ritmos de reducción del déficit para no provocar un estancamiento generalizado y en la redistribución equitativa del coste del ajuste de tal manera que resulte socialmente aceptable. Si el obligado e inexorable ajuste fiscal aparece como una victoria de los mercados financieros con dolorosos efectos sociales, hemos de abrir también este debate.

Así, parece la hora de proponer con rigor y contundencia la lucha contra el fraude fiscal y las rentas opacas. De fiscalizar más adecuadamente las rentas del capital, ganancias extraordinarias y plusvalías especulativas y someter a control blindajes y retribuciones injustificables socialmente. Y de elevar al ámbito europeo, una propuesta nacional de regulación de los movimientos especulativos de capital. Y también creo que es hora, de revisar un esquema fiscal en el que cada vez en mayor medida gana peso la imposición indirecta y de recuperar tributos como el de patrimonio o el de sucesiones, junto con mecanismos de imposición ambiental.

Hemos de poder decirles a los ciudadanos que las cargas se distribuyen adecuadamente y que forman parte de una agenda que incluye las reformas necesarias para volver a crecer, generar empleo y mejorar nuestro sistema de bienestar. En ese esfuerzo es imprescindible la contribución de la oposición; está en juego el interés nacional, aquello que nos une en la convivencia y la estabilidad social.

Este escenario que acabo de referir también interpela y cuestiona directamente el crecimiento de Galicia: ¿podrá Galicia mantener una convergencia sostenible en renta y bienestar social con los países de su entorno en este contexto de crisis y transformaciones? Mi opinión es que sí podemos, siempre que entre todos - ciudadanos, instituciones, empresarios y trabajadores- seamos capaces de compartir un proyecto común de reformas, modernización y reorientación de las bases de nuestro crecimiento.

Pero no parece que vayamos en la buena dirección. En apenas un año hemos perdido los diferenciales positivos de crecimiento que manteníamos respecto a la economía española y hemos alcanzado el récord histórico en el número de parados y la tasa de desempleo. Resulta muy preocupante que ante los desafíos de la crisis conduzcamos utilizando únicamente las luces de posición propias de la estrategia de la austeridad. Que no pongamos también las luces cortas, para implicarnos en las tareas de la reactivación económica y la recuperación del empleo, y prefiramos que en la fotografía de la responsabilidad ante la crisis aparezca en exclusiva el Gobierno de España y, al fondo, la herencia del anterior Gobierno gallego. Como si nuestra autonomía no tuviera competencias y recursos, se ha optado por descargar toda la responsabilidad de la respuesta a la crisis sobre el exterior, a la espera del desgaste político de otros y de la reactivación general de la economía.

En esta extraña mezcla de mera oportunidad política y de convicciones neoliberales, tampoco encontramos disposición a encender las luces largas para alumbrar las reformas imprescindibles a fin de mejorar la competitividad y productividad de nuestra economía. Como nos recordaba el Nobel Joseph Stiglitz, mejorar nuestro desarrollo futuro implica actuar intensamente sobre la productividad del sistema, lo que dependerá de una adecuada dotación de capital humano, tecnológico y físico.

Por eso no podemos quedar a la espera. El tiempo nos apremia a enfocar nuestro futuro haciendo de la educación y la innovación el motor de nuestro crecimiento; de la protección y ordenación de nuestro territorio, una palanca de desarrollo, y de la apuesta por una Galicia en red superadora de localismos, duplicidades y clientelismos, un compromiso para superar el desorden y el minifundio.

Emilio Pérez Touriño fue presidente de la Xunta entre 2005 y 2009