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Margüello recibió 41 millones de Sanidad

El informe preliminar del Tribunal de Cuentas considera irregulares actuaciones de seis ex altos cargos - Critica la falta de controles para evitar incompatibilidades

Desde el procedimiento empleado para adjudicar los contratos hasta las tareas añadidas que no estaban acordadas, pasando por los incrementos desmedidos de tarifas o la ampliación de contratos más allá de los límites legales. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas detalla en su informe preliminar sobre el caso Margüello, al que ha tenido acceso EL PAÍS, un cúmulo de irregularidades en el proceso de adjudicación, ejecución y ampliación de varios conciertos con empresas ligadas al ex director de Calidad del Hospital de Cruces para cubrir servicios de Osakidetza entre 1996 y 2008.

El informe del tribunal, en fase de alegaciones antes de su aprobación definitiva, revela que los tres médicos relacionados con el caso, el propio José Carlos Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga, formaban parte del accionariado de 28 compañías y una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre 1996 y 2009. De ellas, ocho fueron contratadas por Sanidad en esos años o recibieron subvenciones. En total, las empresas vinculadas a estos tres facultativos reicibieron por contratos conciertos y subvenciones un total de más de 41 millones de euros de Sanidad cuando el departamento estaba en manos del PNV.

Los tres médicos eran incompatibles para contratar con el departamento

Esta cifra se desglosa en ingresos por contratos y subvenciones de Sanidad -casi 41,4 millones- y subvenciones de otros departamenros -casi 3,7 millones-, entre ellos Justicia, Educación, Presidencia y Industria. Este último departamento subvencionó a Progenika Biopharma, que ha recibido hasta 2009 un total de 3,5 millones de euros.

Estas ayudas no han sido estudiadas por el tribunal, ya que su análisis se ha centrado en 19 contratos: cinco tramitados por procedimiento de urgencia, otro por el de emergencia, dos negociados sin publicidad, dos por medio de un concurso ordinario y el resto, contratos menores. El tribunal enumera las irregularidades, más de una en los mismos contratos de empresas como Medical Dom, Gestión de Servicios Sanitarios XXI y la UTE. Las causas son diversas: el uso de un procedimiento injustificado -el de emergencia, reservado para situaciones límite-, evitar la publicidad y concurrencia obligatorias en un contrato público o superar el tope de prórrogas: los conciertos, ampliaciones incluidas, sólo pueden durar cinco años y los hubo de ocho.

Algunas de las ampliaciones de contratos no tienen motivo aparente y los aumentos de tarifas autorizados por el ex consejero Gabriel Inclán no cuentan con la suficiente argumentación. Pese a todo, en algunos casos las tarifas aumentaron de un año para otro un 19%, frente al 2% o 3% habituales. Entre los contratos también se encuentran situaciones en que la empresa no tiene trabajadores en plantilla -Recard 2000- o en las que el procedimiento de adjudicación se basa en que la firma -Progenika- es la única que fabrica el material, una exclusividad que sólo se argumenta con un escrito de la propia compañía y que el tribunal niega.

Además, faltan informes económicos y jurídicos y se canalizaron contratos como menores para después ampliarlos de manera irregular según el informe.

Los organismos en los que se formalizaron "actos no ajustados a las normas" fueron la Viceconsejería de Sanidad en 1996 y 2006 o las tres direcciones territoriales. Estos puestos se hallaban a cargo de los viceconsejeros de Sanidad Javier Sáenz de Buruaga -ya fallecido- y Rafael Cerdán; el ex director territorial de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, y sus homólogos de Álava y Guipúzcoa. A ellos se suma el director económico financiero de la Comarca Interior en 2007, Antonio González. Hasta el momento, sólo se ha enviado a la fiscalía una de estas actuaciones: la tramitada con Gestión de Servicios Sanitarios XXI por la dirección territorial vizcaína en 2006.

Tampoco el departamento actuó bien, ya que "no realizó una comprobación sobre las declaraciones de no incurrir en prohibiciones de contratar y en incompatibilidades". El tribunal destaca que "la concertación deviene nula por incurrir en prohibición para contratar" en el caso de los tres médicos. Es decir, ninguno de los tres podía compatibilizar su trabajo como funcionario con labores en empresas que concertaran con la sanidad pública. Margüello es apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI desde 2006, consejero de Progenika desde 2004 y presidente de Mes Formación desde 2007. Además, fue apoderado de Rehabilidom con Climent entre 2008 y 2009 y de Medical Dom, con este último y Zubiaga.

El cobro de los servicios de la UTE

José Carlos Margüello posee el 1% del capital de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una de las firmas que, junto a Clínica Indautxu y Rehabilidom, constituyeron una Unión Temporal de Empresas (UTE) que consiguió del departamento numerosos servicios médicos. Así lo reconoce la empresa que asesora a Margüello para sus relaciones con los medios. Como se informó la pasada semana en sede parlamentaria, se atribuye a esta UTE el ingreso de siete millones de euros por un contrato base de 212.000 euros.

En virtud de la información facilitada por la propia UTE a este diario, durante los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2009, su facturación global ascendió a cinco millones de euros.

La empresa de servicios que defiende los intereses de Margüello sostiene que el incremento anual de la facturación de esta UTE resulta proporcional a los servicios realizados. Así, constata que en 2007 se realizaron menos de 300 procesos porque sólo prestó servicio un mes. Mientras, en 2008 trabajó los 12 meses, con un total cercano a los 36.000 actos médicos realizados. La facturación consignada en 2007 ascendió a 30.939,41 euros, con 212.000 euros de provisión de gastos, mientras que al año siguiente facturó por sus servicios un total de 2.889.677,86 euros.

Si se atiende a la documentación aportada por el entorno de Margüello, la mauor parte de las cantidades facturadas por la UTE corresponde, de un lado, a la clínica que ofrece las instalaciones (quirófanos, equipos de alta tecnología y materiales quirúrgicos y médicos) y, por otra, a los más de 50 médicos especialistas y enfermeras contratados por el servicio, que están especializados en el tipo de tratamientos que fueron proporcionando.

Frases del informe

- "La falta de justificación adecuada en los expedientes de modificación y aprobación de las tarifas [del anterior consejero de Sanidad] supone una incertidumbre en cuanto a la pertinencia de dichas subidas".

- "Si en las adjudicaciones y prórrogas de las concertaciones [...] el Facultativo 1 [Margüello] era administrador, trabajador o propietario, como él mismo ha manifestado [...], la concertación deviene nula por incurrir en prohibición para contratar".

- "Se han prestado servicios no contemplados ni en el contrato ni en la orden y han sido facturados a los precios establecidos con otras empresas, sin que hayan sido autorizados y sin que figure en el expediente documentación que acredite el acuerdo mutuo entre las partes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de junio de 2010

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