Una sentencia respalda el despido de Tellería del CEIA por mala gestión
El imputado en el 'caso De Miguel' recurrió alegando que era una represalia
Aitor Tellería, imputado en el caso De Miguel por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero, llevaba un año haciendo dejación de sus funciones como director del Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA). Así lo reconoce una sentencia del juzgado de lo social número 4 de Vitoria que respalda su despido al frente de esta sociedad pública, que incluye al Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria en su consejo de administración. Tellería recurrió aduciendo que su cese era en represalia por su imputación. El fallo judicial ratifica que el consejo estaba insatisfecho con su labor.
El ex concejal del PNV y miembro del Araba Buru Batzar forma parte de una presunta trama que tenía su centro neurálgico Kataia Consulting. Tellería compartía la propiedad de la compañía junto al ex diputado de Administración Foral y número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, el gerente del departamento foral de Bienestar Social, Koldo Otxandiano, y sus respectivas esposas, Araceli Bajo, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu. Esta empresa facturaba por servicios supuestamente no prestados a distintos departamentos del Gobierno vasco, la Diputación de Álava y sociedades públicas.
El Consejo de Administración preparó en febrero su destitución
La carta de despido enviada a Tellería, con fecha de 24 marzo, pocos días después de su detención, explica que la decisión fue por avalada por los ocho miembros del Consejo de Administración -cuatro de la SPRI, vinculada al Gobierno vasco, dos de la Diputación y otros dos del Ayuntamiento-. Pero ya en el mes de febrero, antes de su imputación, la presidenta del Consejo de Administración, Lara Cuevas, se reunió con los representantes del ente foral, Hernando Lacalle y José Manuel Nogales, para preparar la destitución. Así lo señaló ante la juez Marta Ortiz de Urbina el propio Lacalle: dijo que no hay relación de causa-efecto entre la imputación penal de Tellería y la retirada de la confianza.
La carta de despido añade que este militante del PNV había hecho dejación de sus funciones desde la llegada del socialista Patxi López a Lehendakaritza, "sin que pueda encontrarse una justificación razonable". No se conocen irregularidades en la gestión de Tellería en el CEIA, pero sí es de dominio público su negativa a colaborar con la llegada de sus nuevos superiores.
El ahora imputado por corrupción cobraba un sueldo bruto anual de 65.451 euros desde su incorporación en el puesto en julio de 2007, cuando el peneuvista Xabier Agirre fue nombrado diputado general. A pesar de haber sido indemnizado con 22.190 euros, recurrió para anular su despido. Argumentó entonces que la empresa vulneraba su presunción de inocencia y que estaba siendo apartado por su afiliación política.
El CEIA alegó ante la magistrada que el despido es ajeno a la afiliación política del ex director, "dándose la circunstancia que ha sido ratificado por el consejo de administración de la empresa en el que hay miembros del mismo partido" que Tellería.
