Pedreira investiga el último acuerdo de Boadilla con Correa

El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha asumido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido que la oficina judicial de la Intervención General del Estado investigue una reciente operación de 7,1 millones de euros entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y una de las empresas de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama. Se trata de un acuerdo entre la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla y el responsable de la sociedad Artas Consultores, Ramón Blanco Balín, imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales.

La iniciativa supone que la empresa renuncia a una adjudicación municipal del uso de una treintena de locales comerciales y más de 130 plazas de garaje en el residencial Siglo XXI de Boadilla del Monte. A cambio, el consistorio se hace cargo de la hipoteca de Artas Consultores que habían firmado los representantes legales de esta sociedad por un total de 7,1 millones de euros. Este acuerdo estaba pendiente de la decisión de Pedreira.

El Ayuntamiento cedió 130 plazas de garaje por un precio muy bajo

La interventora municipal emitió un informe negativo al acuerdo

Esta operación fue rechazada en un informe de la interventora municipal, que anunció "disconformidad" en el pleno en el que los concejales del PP acordaron pedir un crédito para financiar el acuerdo. Este trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la concejal de Empleo, Rosalía de Padura (PP), esposa del también imputado en el Gürtel Tomás Martín Morales, participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno al acuerdo con el presunto testaferro de Correa. El portavoz socialista en Boadilla, Pablo Nieto, exigió la dimisión de la edil por haber votado a favor de una empresa de la que había sido accionista su marido, según un informe de la Agencia Tributaria.

Apenas unas horas después de haber hecho pública el PSOE esta crítica en nota de prensa, el equipo de Gobierno municipal difundió la reducción del 14% del presupuesto de personal. Entre los dos concejales despedidos como mecanismo de ahorro ante la crisis, estaba De Padura, que dejó de cobrar su sueldo de 67.000 euros anuales.

Esta no será la primera vez que la Intervención General del Estado haga un informe sobre Boadilla. El 29 de mayo de 2009 un funcionario de esta institución elaboró un documento en el que se sostenía que los expedientes relacionados con la trama Gürtel facilitados por el Ayuntamiento de Boadilla estaban "incompletos, y falta información que, teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración, inducen a considerar que no es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se han remitido". Este documento de la Intervención analiza la gestión de la treintena de locales comerciales y 130 plazas de garaje del Residencial Siglo XXI, que ahora volverá a estudiar tras la petición de Pedreira.