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El amianto amenaza ya a 5.000 trabajadores

La cifra real es mucho mayor por el miedo de las empresas a notificarlo

Oficialmente el amianto amenaza ya a cerca de 5.000 trabajadores vascos. La realidad supera ampliamente esa cifra, según coinciden instituciones, sindicatos y las asociaciones empresariales. Pero el dato oficial pone sobre la mesa la verdadera dimensión de un problema de salud que, no ha hecho más que comenzar en Euskadi. Según el Instituto de Salud Carlos III hasta el 12% de los cánceres en Euskadi tienen un origen profesional, y los trabajadores de esta comunidad tienen hasta tres veces más de posibilidades de tener cáncer de pulmón, boca o laringe que en el resto de España. El pasado industrial, de una industria pesada vinculada a los astilleros, a los altos hornos, y automoción entre otros sectores es el responsable.

En Finlandia el 24% tiene enfermedades profesionales, en España el 5,8%

La mayoría de las exposiciones al amianto surgen tras denuncias

Los trabajadores censados por Osalan como potencialmente expuestos tienen que ser sometidos a revisiones médicas especiales porque potencialmente han estado expuestos a las fibras de un material aislante que inunda todavía los edificios y fábricas de la comunidad autónoma, de España y del resto del mundo. El contacto con él y la aspiración de sus fibras, sin las exigentes y obligatorias medidas de protección, provoca enfermedades mortales.

Según el registro oficial del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, Osalan, el número de trabajadores que tienen que ser controlados médicamente, -al menos una vez al año- son 4.573 hasta el pasado abril. De ellos, sólo 1.254 figuran como trabajadores de empresas integrantes del listado oficial de empresas que trabajan con amianto. El resto, 3.191, más de dos de cada tres, han aflorado después de algún requerimiento, denuncia o parte de sospecha de enfermedad profesional relacionada con exposición al amianto. De los de este bloque 1.289 siguen trabajando en la empresa en la que estuvieron en contacto con el producto cancerígeno, pero ya teóricamente controlados, y el resto, 1.902 están, o bien desvinculados de esa empresa, o mayoritariamente jubilados.

De la citada estadística se puede deducir la naturaleza del problema. La mayoría de los casos que afloran lo hacen obligados por denuncias, lo que quiere decir que muchas de las empresas que han usado ese producto, no lo comunican a las autoridades de salud laboral, o bien por desconocimiento o por temor. En cualquier caso sus trabajadores tienen un grave problema.

La estadística lo dice todo. En Finlandia el 24,5% de los asalariados tiene una o más patologías asociadas al trabajo, en Bélgica el 11,7%. En España sólo el 5,8%. Pero es que además, según la estadística oficial de Osalan, sólo una persona ha muerto en Euskadi por enfermedad profesional en los diez últimos años.

Increíble, sobre todo cuando los casos de cánceres relacionados con el amianto han enterrado ya al menos a una veintena de trabajadores a los que se les ha reconocido la enfermedad relacionada con su trabajo, y eso ha sucedido sólo con un producto, cuando hay muchos más.

Los agentes sociales, Confebask, los sindicatos UGT y CC OO y los representantes de Osalan, están trabajando ya sobre la posibilidad de especializar los sistemas de prevención en algunos casos de enfermedades profesionales. Además, el Instituto vasco de Salud Laboral está trabajando ya con el departamento de Sanidad para que los servicios de atención primaria dispongan de un sistema informático que facilite la identificación de patologías relacionadas con determinadas zonas geográficas, en función de la implantación de uno u otro tipo de industria. En Euskadi, Osalan tiene censadas a 247 empresas relacionadas con el amianto, de las que 183 están incluidas en el registro obligatorio de empresas que trabajan con ese producto y 64 más que han sido detectadas a través de requerimientos. Osalan investiga las enfermedades profesionales relacionadas con el amianto a demanda. En 2009 estudió 63 casos de asbestosis, cáncer bronquipulmonar, mesotelioma y otras patologías, mientras que hasta abril de 2010 había 23 nuevos casos de cánceres.

La inexistencia de un fondo de compensación -ya existe en Francia y Estados Unidos entre otros países- que se haga cargo de las indemnizaciones y recargos de prestaciones que imponen los juzgados a las empresas hace que estas intenten ocultar la presencia de esos productos en sus instalaciones.

Una de esas empresas es la multinacional francesa Michelín, que ha intentado desvincularse de ese producto, pese a que estaba presenten en todo el proceso productivo, desde las prensas de neumáticos hasta las tuberías de vapor, como lo han reconocido tanto la Inspección de Trabajo como Osalan.

Morir en el intento

Que a un enfermo le reconozcan el origen profesional de su enfermedad "es un infierno". Primero se produce una investigación de la Inspección de Trabajo y de Osalan, pero que a veces no detecta el problema a la primera y es necesaria una pelea de meses para lograr la reapertura del caso. Es el caso de Javier Martínez Díaz de Zugazua, el trabajador de Michelín Vitoria, al que le fue reconocida la enfermedad profesional por la Seguridad Social en una segunda resolución que se produjo cinco meses después de su muerte, y después de una revisión del caso que se produjo gracias a la aparición de una sentencia judicial que vinculaba a Michelín, la empresa en la que había trabajador toda su vida, con una operación de sustitución de mantas de amianto.

Pero no es el único caso. En la mayoría de las ocasiones el miedo de la empresa a aparecer como culpable de las enfermedades de sus trabajadores, cuando en la mayoría de las ocasiones han de ser considerados como responsables, provoca largos procesos judiciales en los que los enfermos se arrastran por los juzgados, y si ellos no pueden, lo hacen sus familiares.

Una vez reconocida la enfermedad profesional por la Seguridad Social, y si el informe de Osalan y de la Inspección constata que si la empresa incumplió la legislación en cuanto a medidas de seguridad, el enfermo reclama el recargo de prestaciones (que tiene que pagar la empresa) y una indemnización.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de junio de 2010

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