El Parlamento gallego pedirá al Senado que le deje cambiar sus candidatos al Constitucional

El Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, con mayoría absoluta, presentará esta semana una propuesta para pedir al Senado que le deje cambiar a alguno de los dos candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional que presentó en septiembre de 2008.

La petición coincide con el reciente interés del Partido Popular en la Cámara alta para que se volviera a pedir candidatos a Galicia y a Euskadi, argumentando que estos Parlamentos han cambiado su composición durante el procedimiento. El martes, la Mesa del Senado rechazó tal posibilidad basándose en un informe de sus servicios jurídicos. La decisión causó un enorme malestar en el PP; el vicepresidente segundo del Senado, Juan José Lucas, llegó a descalificar indignado el trabajo de los letrados.

El informe jurídico se fijaba especialmente en los casos de Galicia y Euskadi, y no permitía modificar los candidatos. En su opinión, se trata de un "asunto concluido" a efectos de tramitación. El informe advierte que los candidatos "son del propio órgano [el Parlamento gallego], no de una composición concreta del mismo". Como mucho, para pronunciarse de nuevo, "la nueva Cámara tendría que dejar sin efecto la primera propuesta mediante un acto contrario a la misma, lo que no está previsto reglamentariamente". Incluso así, advierte que se podría vulnerar el derecho constitucional de los anteriores candidatos al acceso a un cargo público.

El PP gallego ha hecho su propio "sondeo jurídico", según su portavoz, Manuel Ruiz, y ha llegado a la conclusión de que la petición al Senado debe hacerse "en términos políticos". El Senado ha pedido a cinco parlamentos que antes del 29 de junio propongan sustitutos a otras tantas candidaturas rechazadas. Al hilo de este nuevo proceso, "cuestionamos que, políticamente, estando abierto ese proceso, quede fuera una comunidad [Galicia] que ha propuesto a dos con menos del 50% de apoyo" en la Cámara regional, argumenta Ruiz. Sin embargo, el informe jurídico del Senado advierte también de la gravedad de "incurrir en arbitrariedad" si se aparta un milímetro del procedimiento.

Hace 20 meses, cuando la Cámara alta pidió dos candidatos a cada comunidad para elegir de entre ellos los cuatro magistrados del Constitucional que le corresponden, los socialistas gallegos y el BNG aplicaron su mayoría para repartirse esas candidaturas. Galicia presentó a una magistrada de la Audiencia de Ourense, Josefa Otero (a propuesta socialista); y al abogado Nemesio Barxa (BNG).

El martes, la Mesa del Senado admitió como válidas estas dos candidaturas, junto con otras 19, que ya son formalmente de la Cámara alta. Descartó sin embargo a Enrique López, uno de los candidatos que el PP consideraba irrenunciables. El caso es que los únicos aspirantes alternativos que podría apoyar el PP en lugar de López están precisamente en Galicia.

En septiembre de 2008, los nombramientos pactados entre socialistas y nacionalistas dejaron fuera los nombres que proponía el PP, José Souto Prieto y José Luis Meilán Gil, dos de los más prestigiosos juristas gallegos. Aunque en ese momento era imposible saberlo, socialistas y nacionalistas impidieron con este pacto que el PP presentara una alternativa a Hernando y López que habría hecho completamente diferente la negociación sobre la renovación. Tanto Souto como Meilán gozan de forma inapelable del prestigio y el reconocimiento profesional que el PSOE les niega a Francisco José Hernando y a Enrique López.