"No comparto que el Gobierno quiera perjudicar a la Comunidad Valenciana"

Juan Carlos Gelabert (Lugo, 1961) preside la Federación de Hostelería de la Provincia de Valencia y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana. Ha hecho duras críticas al Gobierno por el conflicto con los dueños de 22 chiringuitos de las playas de Valencia. El Ejecutivo, a través de Medio Ambiente, pretende que estos locales, en las playas de la Malva-rosa, El Saler y Pinedo, se adapten a la Ley de Costas y reduzcan sus terrazas a 50 metros cuadrados. Las superficies de algunos rebasan los 400. Gelabert, con un tono duro, ha acusado al Gobierno de atacar el turismo y las costumbres de los valencianos. Sin embargo, rechaza que actúe a tono con el PP y se desmarca de la frase preferida de su argumentario victimista. "No comparto que el Gobierno quiera perjudicar a la Comunidad Valenciana", afirma.

"Lo que ha crispado es el desinterés del Gobierno por negociar"

"Una vez llegó González Pons y montó su atril. Dije que no participaba"

Pregunta. El lunes [por hoy] se reúne en Madrid con el Ministerio de Medio Ambiente para tratar de solucionar el conflicto de los chiringuitos. El ministerio les da 50 metros de terraza y ustedes exigen más. ¿Sirve para algo esta reunión?

Respuesta. Creo que sí. Esperamos que la directora general de Costas le traslade a la ministra que hay que cambiar la Ley de Costas porque lo de los 50 metros de terraza es una directriz obsoleta que perjudica al turismo y a la economía. Cada restaurante perdería cinco puestos de trabajo si se redujesen las terrazas.

P. ¿No se ha exagerado en la reacción y las críticas al ministerio y al delegado del Gobierno?

R. Si ves una situación injusta, hay momentos en que puedes perder los nervios. No somos políticos, sino empresarios, y por lo tanto, algunas veces es posible que saquemos los pies del tiesto. ¿Por qué, tras todos estos años, Costas cambia de criterio en una concesión que otorga todos los años? Entra una nueva directora y quiere ordenar la situación de los establecimientos de costa. Es justo e interesante, porque hay cosas que regular, ya que hay chiringuitos sirviendo comida en la misma arena, locales con dimensiones exageradas, como en Alicante, de casi 1.000 metros cuadrados...P. En Valencia hay algún caso similar, como los dos restaurantes de El Saler.

R. Sí, pero la concesión que tienen responde a una situación diferente, pues eran establecimientos que ya existían antes de la reurbanización que promovió Costas, no como en la Malva-rosa.

P. Pero la consecuencia es la misma: más de 900 metros ocupados por un negocio privado.

R. Cuando llega la renovación del paseo marítimo de Pinedo y El Saler, una construcción horrible de los setenta, Costas cambia una terraza que estaba casi en el mar por dos a los lados del nuevo paseo, como están hoy. Antes tenían más metros. El Gobierno dice: hay que hacerlo así y así, por eso la situación es diferente. En la Malva-rosa, los chiringuitos los hace el Gobierno de cero; en El Saler y Pinedo, no. Vienen de propiedades anteriores. El problema es que no hay negociación.

P. ¿El ambiente político tan crispado que se respira en Valencia entorpece la negociación?

R. Lo que ha crispado, la verdad, ha sido la falta de respuesta del Gobierno a nuestras peticiones de negociación. Nos reunimos por primera vez con Costas en junio de 2009, luego otra vez en Madrid, en diciembre, con Ricardo Peralta presente. Entonces conseguimos la moratoria para preservar nuestras terrazas [que vence a mitad de junio]. En ese contexto, intentamos poner de acuerdo a los partidos políticos, hablamos con [el secretario general del PSPV-PSOE] Jorge Alarte, con [la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia] Carmen Alborch, y todos estuvieron de acuerdo en que los chiringuitos eran un bien del patrimonio turístico y que había que buscar una solución. Pese a sus intentos, que me constan, la respuesta de Costas fue siempre la misma: recorte, recorte y recorte, y así estamos.

P. ¿Comparte ese mantra del PP de que el Gobierno perjudica a la Comunidad Valenciana?

R. No, bajo ningún concepto. Lo que digo es que en otras autonomías se han alcanzado acuerdos y se ha visto que la transferencia de competencias

[para regular los usos del litoral] ha surtido efecto, caso de Cataluña o Andalucía. Siempre hemos defendido las posturas de derecho, incluso he tenido enfrentamientos con el propio Ayuntamiento. Duros enfrentamientos. Pero en este caso le pedimos su apoyo, igual que a la oposición. Porque es una injusticia: Madrid quiere que se cumpla la Ley de Costas, pero es que está anticuada. Lo que está claro es que el Gobierno no está actuando igual con unos y con otros y no sé por qué. Igual que no sé por qué se rompe la negociación y provocan una situación de conflicto. Si yo soy la ministra o la directora general de Costas, no dejo que esta situación se produzca.

P. ¿No es una actitud un tanto insumisa? Como la ley está anticuada, no nos vale...

R. No. Las playas de Valencia estaban hechas polvo. El cámping de El Saler era horrible y había que arreglarlo, igual que el paseo marítimo de la Malva-rosa. Igual que Pinedo. Todo eso se renueva en base a las directrices que da Costas. Si lo has ordenado todo, y muy bien por cierto, con criterio, ¿por qué ahora lo quieres desordenar?

P. ¿Se ha sentido alguna vez presionado por el Ayuntamiento o la Generalitat, forzado a criticar al Gobierno?

R. Nunca. De hecho, más de una vez he tenido que decir que no. Por ejemplo, un acto que organizamos en Pinedo, en diciembre, y llegó Esteban González Pons y montó su atril. Yo dije que no participaba. Posiblemente, todo este asunto se haya mediatizado en exceso, pero es la única solución que tenemos, no podemos montar caceroladas todos los días. Se lo dije por carta al delegado del Gobierno, que el conflicto se había mediatizado en exceso y que, por favor, nos reuniésemos. Y ni caso.

P. El portavoz de su federación, Vicente Pizcueta, apostó hace unas semanas por revitalizar El Cabanyal, por recuperarlo. Días después, ante el pleno del Ayuntamiento, usted intervino por otro asunto pero acabó defendiendo que la ampliación de Blasco Ibáñez es necesaria ¿No es eso dejarse utilizar por el Ayuntamiento y la Generalitat?

R. No. Creo que estamos siendo muy imparciales. Un presidente de una federación como la nuestra tiene la obligación de conocer la realidad de lo que ocurre en El Cabanyal. Lo hemos pateado, lo hemos vivido, sabemos muy bien lo que ocurre en la zona y para nosotros recuperarla es muy interesante turísticamente. Si eso pasa por tener ordenado un barrio, estaremos siempre de acuerdo.

P. El delegado del Gobierno le ha definido como "aprendiz de político".

R. No, no soy un aprendiz de político, aunque siempre he sido un hombre muy social. No hay ninguna actuación mía que no busque el bien social. Soy un amante de la ciudadanía, de la educación, creo que soy un conocedor de la situación real, porque la vivo. Así conozco el caso de la Malva-rosa o Alicante, donde les expliqué nuestro compromiso de sacrificar sus establecimientos, obsoletos, por otros nuevos, más pequeños, porque la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla con claridad meridiana, pero cuando la ley no es justa hay que cambiarla y adaptarla a las situaciones reales.