UGT y CC OO critican la rebaja en un 30% de la paga de Navidad a los funcionarios

Los sindicatos UGT y CC OO desvelaron ayer que el Gobierno vasco está estudiando reducir en un 30% la paga extra de diciembre a los funcionarios y a los empleados de empresas públicas. Así fue dado a conocer por el secretario general de UGT, Dámaso Casado, quien compareció en una rueda de prensa junto con el máximo responsable de CC OO de Euskadi, Unai Sordo.

Casado acusó a Patxi López de ir "más allá" con las medidas de ajuste anunciadas un día antes por su Ejecutivo para reducir el gasto tras el decreto-real del Gobierno central. Explicó que el decreto aprobado la semana pasada en el Congreso "no contempla la reducción salarial para los trabajadores de empresas dependientes de la administración pública", que afectaría a las plantillas de las más de 100 empresas públicas.

El líder de UGT puso de manifiesto que, entre otras medidas, el Ejecutivo autónomo se plantea la rebaja del 30% de la paga extra de Navidad. Esta decisión supondría, agregó, que el recorte salarial sería superior al 2% anunciado por el lehendakari. De aprobarse, un total de 150.000 funcionarios y trabajadores de las empresas que dependen de las administraciones públicas (Gobierno central y vasco, diputaciones y ayuntamientos) verían reducida la extra.

El secretario general de UGT ha alertado que la reducción de los salarios va a suponer una bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF "y eso va a ser muy negativo, ya que va a afectar al conjunto de la sociedad". Asimismo, las centrales han denunciado que su aplicación va a llevar a incumplir los convenios colectivos que ya están acordados y se vienen aplicando.

Medida "ilegal"

Las administraciones públicas "no tienen ninguna capacidad legal de incumplir y rebajar las condiciones de un convenio colectivo", criticó Sordo. El paquete de medidas será llevada a la Cámara vasca el próximo martes a través de un proyecto de ley. En caso de aprobarse, advirtió el representante de CC OO, supondrá "cargarse" los convenios colectivos, en cuyo caso las dos centrales estudiarán recurrir en los tribunales, porque la medida es "ilegal".

En este sentido, Sordo hizo un llamamiento a que los trabajadores de empresas adscritas a las distintas administraciones se sumen a la convocatoria de huelga del día 8 de junio en el sector público, "porque también es un ataque a sus condiciones salariales". "Es una movilización de carácter general porque hay medidas que afectan a otros colectivos como los pensionistas y las personas dependientes", señaló.