Los funcionarios pierden 28 millones del Gobierno para sus pensiones

Los funcionarios del Gobierno vasco, su personal laboral y los trrabajadores de las sociedades y empresas públicas, así como sus respectivos altos cargos, ya ven en sus nóminas la línea de puntos por la que el Ejecutivo les meterá la tijera. Aunque el anteproyecto de ley con todas las tablas oficiales de recorte salarial será aprobada en el Consejo de Gobierno del próximo martes e iniciará el trámite parlamentario de urgencia para su aplicación en las nóminas de julio, los sindicatos recibieron ayer de primera mano la lectura del decreto ley del Gobierno central que hace el Gabinete. Lo que escucharon no les gustó nada.

El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, recalcó a los representantes de las centrales en la correspondiente mesa negociadora, que el Ejecutivo está obligado a ahorrar 100 millones de euros en este capítulo. Algo más de 50 millones los ahorrará de los recortes en las nóminas. Los casi 50 millones restantes no van a estar demasiado lejos de estos emolumentos. De esta segunda cifra, 28 millones saldrán del recorte del 1,5% en la aportación gubernamental al fondo de pensiones de los empleados públicos (Itzarri).

ELA considera roto el acuerdo sobre el convenio de los empleados públicos

Aunque estas aportaciones oficiales al plan de pensiones no se computan en los ingresos, es salario diferido. Quizá por ello y en un primer análisis, los sindicatos lo consideraron un mal menor. "Se ha visto como una ventaja para el presente ya que no afecta al bolsillo, pero es un problema de cara al futuro", resaltó Eduardo García, dirigente de la federación de Sector Público de CC OO.

Otros 17 millones se ahorrarán reduciendo un 1% el absentismo laboral, que fuentes oficiales consideran que puede superar el 12% en la Administración General. El Gobierno unificará el concepto de absentismo y analizará su alcance real en el sector público. Para completar el ahorro, el lehendakari ya anunció que se frena la contratación de temporales y se amortizan 166 plazas vacantes.

Así las cosas, los 63.400 funcionarios dependientes del Ejecutico verán reducido este año su salario bruto entre un 0,56% y un 2,86% (ver cuadro). Como la medida se aplicará a partir de julio, en las seis mensualidades restantes hasta fin de año, más dos pagas extraordinarias, el impacto en la nomina mensual equivale a un recorte de entre el 1% a los funcioanrios del nivel 11 de la Administración, el más bajo, y el 5% para los de nivel 30%. Con todo, supone la mitad que en el caso de sus homólogos de la Administración central. El Ejecutivo anunció ayer que aplicará igual rebaja a los contratados laborales y a los empleados de las empresas y sociedades públicas. Los altos cargos verán recortados sus emolumentos también de forma progresiva, pero a partir del 5% que se aplica a los funcionarios que más cobran. Los directores generales perderñan un 5% en sus nóminas, los viceconsejeros un 6%, los consejros un punto más y el lehendakari un 8%.

La reunión de ayer llega seis meses y 15 días después de la firma del convenio del sector público, que también suscribió ELA, que ayer mismo consideró "roto" este acuerdo. La cita se produjo una semana después de la huelga contra el recorte salarial a los funcionarios convocada por las centrales nacionalistas y a falta de cinco para la que plantean CC OO y UGT, que ayer ampliaron a los empleados de empresas y sociedades públicas.

La Diputación de Vizcaya calificó la actitud del Ejecutivo como una "falta de respeto institucional" por no comunicar previamente a las instituciones forales la reducción salarial definitiva. Fuentes del Gobierno sostuvieron que envió esa información a las tres diputaciones y a la asociación municipal Eudel en la mañana de ayer casi al mismo tiempo en que se la ofrecía a los sindicatos.