El tripartito y CiU chocan por los testigos de la comisión del Palau

¿Tienen que comparecer en el Parlament consejeros del actual Gobierno catalán para arrojar luz sobre un supuesto caso de financiación irregular de Convergència Democràtica (CDC)? Este es el primer conflicto que deberá dirimir la comisión de investigación parlamentaria sobre el supuesto desvío de dinero del Palau de la Música hacia el partido de Artur Mas una vez que comience a andar, la próxima semana. Ayer, en la sesión constitutiva de esta comisión, un acto en principio protocolario, saltaron ya las primeras chispas por este asunto.

Convergència i Unió (CiU) y el tripartito siguen sin ponerse de acuerdo sobre el alcance que debe tener la comisión y quién deberá comparecer. Los nacionalistas de Artur Mas siguen considerando que si se investiga el caso Palau, también debe investigarse el caso Pretoria, que afecta por igual a ex altos cargos de CiU y del Partit dels Socialistes (PSC). El tripartito, en cambio, considera que lo que se está investigando en el Parlament no es el caso Palau en general, sino si Convergència se financió irregularmente a través de empresas que en principio trabajaban para el Palau.

Las diferencias de fondo se verán mañana, una vez que los partidos concreten todas las comparecencias que pedirán. Ayer Convergència i Unió ya adelantó que pedirá escuchar al consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, y al de Economía, Antoni Castells. Los nacionalistas pretenden demostrar con estas comparecencias que las empresas constructoras que supuestamente financiaron a CDC siguen trabajando para el actual Gobierno y que, por tanto, no deben de ser sospechosas.

El tripartito rechazó de plano la comparecencia de estos consejeros por considerar que lo único que pretende CiU es desviar la atención del objeto real de la comisión.

De hecho el presidente de la comisión de investigación, el republicano Pere Vigo, alertó ayer de que el tiempo es limitado y no permitirá alejarse ni un ápice de lo que la Cámara votó investigar. Esto es, la supuesta financiación irregular de CDC a través del Palau.

Vigo, además, recordó que todas y cada una de las personas llamadas a declarar deben comparecer. Si no lo hicieran, podrían incurrir en un delito de desobediencia castigado con penas de entre seis meses y un año de cárcel.

Esquerra, Iniciativa y Ciutadans defendieron ayer la propuesta del Partido Popular (PP) para que la Oficina Antifraude colabore en los trabajos de la comisión. Concretamente, el PP propuso encargar a la Oficina Antifraude un dictamen sobre el caso Palau. El PSC se opone a la medida recordando que la Oficina Antifraude no debe investigar asuntos que ya están en manos de la justicia ordinaria.