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El PP remitirá a los tribunales el contrato de una Cuadrilla alavesa con Errexal

El País

La portavoz del PP en la alavesa Cuadrilla de Ayala, Maite Canive, reveló ayer varias "irregularidades" en la adjudicación de un contrato a la empresa Errexal por parte de la misma y anunció que llevará ante el juez que investiga el caso De Miguel toda la documentación de la que dispone sobre este asunto.

La representante popular explicó que el 29 de diciembre de 2005 la Cuadrilla de Ayala adjudicó la redacción del Plan Comarcal Joven a esa firma. Errexal tiene como administrador único al veterano militante peneuvista Iñaki San Juan Bilbao y comparte sede en Vitoria con Kataia, la sociedad considerada la oficina de recaudación de los responsables de la supuesta trama corrupta que afecta al PNV alavés.

El citado contrato se dividió en dos partes, con un coste de 10.202 y 4.790 euros, respectivamente, para no sacarlo a concurso, según Canive, requisito indispensable cuando los contratos superaban los 12.000 euros.

La portavoz popular añadió que el 30 de julio del 2007, al constatar que el trabajo contratado no había sido entregado, la Cuadrilla pidió explicaciones a Errexal. Roberto González, representante entonces de la empresa y ahora portavoz del PNV en las Juntas alavesas, aseguró a los responsables de la entidad local que el trabajo no se había hecho porque "había habido elecciones".

La empresa presentó finalmente el borrador del plan el 5 de mayo de 2009. Canive indicó que el texto recoge que el trabajo de campo, realizado a través de entrevistas telefónicas a jóvenes de la región, se realizó entre el 7 y el 19 de febrero de 2005, fecha en que ni siquiera estaba constituida Errexal, creada el 10 de octubre de 2005, y tampoco estaba adjudicado el contrato. El PP va a poner a disposición del juzgado que investiga la causa toda la documentación de que dispone.

Mientras, el Parque Tecnológico de Álava ha habilitado una sala específica para que los parlamentarios puedan consultar cualquier documentación relacionada con el caso De Miguel, una de cuyas claves es la ampliación del parque. Su actual dirección quiso recalcar así la "total transparencia" en sus actos y su compromiso de facilitar al juzgado cuanta documentación requiera.

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