Un ex concejal confiesa que cobró comisiones a promotores para el PP

El cohecho se destinaba a financiar un partido independiente formado por concejales procedentes del grupo socialista, Move Gondomar, y la campaña del PP local en Montevideo. Así lo testificó ayer José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Gondomar, en el juicio oral que comenzó en Vigo por tres delitos de cohecho que se les imputan a él, al ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez y al arquitecto Borja Ramilo. Las escuchas telefónicas y la colaboración de un gancho permitieron destapar la operación en febrero de 2007, justo cuando Mosquera percibía los primeros 60.000 euros en la cafetería de un hotel de Vigo.

Los dos ex concejales y el arquitecto tenían previsto recaudar 960.000 euros, según el fiscal, por la calificación del suelo incluido en tres convenios que se iban a incorporar al plan general de urbanismo que a la sazón tramitaba el Ayuntamiento. El soborno se dirigía, en un caso, para que tuviera vía libre la edificación de un supermercado; en otro, para que su titular obtuviera una edificabilidad análoga a la del vecino, y en el tercero, para garantizar que la tramitación para construir en el solar llegara a buen término. Fue en este último caso donde los promotores, A Pousa SL, pusieron los hechos en conocimiento de la policía, que así inició las investigaciones a finales de 2006.

Mosquera fue detenido tras cobrar los primeros 60.000 euros

Mosquera rebajó las expectativas del cohecho a 540.000 euros (180.000 por cada convenio) y atribuyó a su compañero de grupo, Alejandro Gómez, de quien exaltó su experiencia y conocimientos en materia urbanística, la idea y dirección de toda la operación, en la que el concejal de Cultura, según su propio testimonio, habría actuado como mero "recadero" entre Gómez y el arquitecto Ramilo, quien ejercía de intermediario con el único interés de mantener su estatus profesional (encargos y cobros) en la zona.

La operación, según Mosquera, fue ideada ante la amenaza de que el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones locales de 2007, tesitura en la que los independientes escindidos del PSOE podrían jugar un papel determinante de apoyo al PP. Gómez, a su vez, personificaba la garantía que recibían los promotores de que los acuerdos serían respetados por la siguiente corporación, en la que seguiría como edil de Urbanismo.

Mosquera sólo pudo responder al interrogatorio del fiscal, que continuará hoy. Previamente, el fiscal había aleccionado al jurado popular que juzgará el caso sobre su función en el juicio y había expuesto los hechos sustanciales del mismo, que tuvieron su jornada decisiva el 14 de febrero de 2007. Ese día, el promotor que colaboraba con la Guardia Civil, equipado con un sistema oculto de grabación, entregó los primeros 60.000 euros a Mosquera, quien a su vez se los pasó a su novia, Belén Fernández. Una vez consumada la entrega, que primero iba a realizarse en el estudio del arquitecto y finalmente se hizo en un hotel de la misma calle, enfrente, ambos fueron detenidos, y momentos después los otros dos acusados.

Los abogados de Mosquera y del arquitecto Ramilo prestaron su conformidad a ese relato de hechos, aunque rebajaron el montante de los tres delitos de cohecho a 540.000 euros y las penas para sus defendidos que pide el fiscal, una multa de 1.920.000 euros para el ex concejal de Cultura (igual que para Alejandro Gómez) y 720.000 euros para el arquitecto, además de distintos periodos de suspensión de empleo o cargo público. La defensa de Belén Fernández, acusada de complicidad y para la que se pide una multa de 135.000 euros, afirmó que contra ella "sólo hay indicios, no pruebas". El abogado de Gómez pidió su absolución ya que "no cometió ningún delito, todo lo contrario" y "no hay pruebas contra él", pues alegó que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, base primordial de la acusación, vulneraron principios constitucionales y deben anularse.