La juez cita otra vez al 'espía' de Aguirre autor de los partes

José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva cita el próximo día 15 con la juez Carmen Calcarce, que investiga el presunto espionaje en 2008 por agentes a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) contra dos cargos madrileños de su propio partido, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo Alfredo Prada. Pinto comparecerá de nuevo como imputado, en contra de la versión oficiosa difundida desde el Ejecutivo madrileño de que acudió voluntariamente; pero, sobre todo, lo hará marcado por un informe policial caligráfico que le ha delatado como el autor de las anotaciones manuscritas en los partes de espionaje a Cobo y Prada.

Algunos letrados de las víctimas preparan nuevas acciones legales

Su situación es difícil, pues no solo negó a la juez haber visto nunca a lo largo de sus 20 años de servicio en la Comunidad de Madrid tales partes, en los que se relataba al detalle el espionaje a Cobo y Prada, sino que le garantizó, "segurísimo", que la letra que aparecía en ellos no era la suya.

También alegó ignorar quién era el titular de un móvil al que llamó frecuentemente en abril de 2008, y que resultó ser el teléfono de su compañero laboral, el supervisor José Palomo. En 2008, a tenor de los datos sobre sus móviles en poder de la policía y la juez, no había día en que no cruzaran llamadas.

En plena campaña contra el absentismo laboral anunciada por Esperanza Aguirre, Palomo se ha reincorporado a su puesto de trabajo un año y medio después de estallar el escándalo, mientras que Pinto permanece aún de baja.

En medios políticos hay gran expectación por conocer la actuación de la juez ante el nuevo interrogatorio, que se produce después de haber comprobado cómo la prueba pericial desmontaba todo el discurso de Pinto sobre los partes del espionaje.

Mientras tanto, las defensas de las víctimas (Manuel Cobo, Alfredo Prada y la diputada autonómica del PP Carmen Rodríguez Flores, que tuvo que vender su coche tras ser difundida su matrícula, anotada por Pinto) afilan sus armas para sacar de un modo u otro la verdad de este empleado de la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. Podrá negarse a contestarles, pero al menos deberá responder a la juez y a la fiscal sobre sus llamativas contradicciones.

Algunos de los letrados ya preparan alguna acción jurídica fulminante contra el agente del Gobierno de Esperanza Aguirre que, por el momento, aparece más claramente vinculado a los partes del espionaje y con una conducta de difícil explicación legal, como es anotar matrículas de personalidades que comían o cenaban con Alfredo Prada.