Cotino desvía a la empresa Vaersa la gestión territorial y ambiental

La publicación ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del decreto ley que agiliza los trámites urbanísticos reveló algo que la consejera portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, no explicó el viernes al dar a conocer el acuerdo del Consell. La empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residudos, SA (Vaersa), salpicada por el caso Gürtel (fue la primera en contratar a la trama de corrupción en un concurso ficticio del que Orange Market cobró la mitad sin llegar a ejecutar el encargo) y reiteradamente señalada por la Sindicatura de Comptes por incumplir la normativa de contratación pública, ve ampliada su capacidad para "impulsar la inversión de la Generalitat en la construcción de infraestructuras y en la gestión de servicios públicos".

Declarada "medio propio e instrumental y servicio técnico de la Generalitat", Vaersa se convierte en un instrumento similar a lo que representa Ciegsa para la ejecución de inversiones educativas, un órgano capaz de ejecutar la práctica totalidad de la gestión del departamento de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino.

Los socialistas denunciaron la maniobra, que pretende, en su opinión, crear "una red opaca de entes públicos fuera de todo control", unos entes que son el "germen de gran parte de los casos de corrupción".Vaersa no es la única sociedad sobre la que la consejería que dirige Juan Cotino deriva su gestión. En el mismo paquete están Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) y el Instituto Cartográfico Valenciano. Estas sociedades podrán contratar obras e infraestructuras relacionadas con los sectores de residuos, forestal, hídrico, modernización de regadíos, agrícolas y ganaderos.

Desde el punto de vista técnico, el decreto impide la fiscalización de los proyectos, sobre todo, a partir de su adjudicación, momento en que empieza a regir el derecho privado. Así, cuestiones relacionadas con el control de las certificaciones de obra o con posibles sobrecostes quedan amparados por el régimen mercantil y dificultan cualquier control de la oposición. "Lo que realmente pretende", explicó ayer el diputado socialista Francesc Signes, "es incrementar la ya existente opacidad en su gestión". Otro efecto del decreto es que permite a estas sociedades, como "poder adjudicador", contratar obras con aplazamiento en el pago para no engordar la deuda de la Generalitat.

El decreto que transfiere la gestión a las sociedades públicas facilita igualmente la entrada de financiación privada en la construcción de infraestructuras. El consejero de Medio Ambiente, que no salió el viernes a explicar el decreto en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell, justificó ayer la modificación: "Es para favorecer que los trámites sean más rápidos y la burocracia se lleve a cabo en un plazo más corto". En la oposición solo ven nuevas trabas a la ya complicada tarea de fiscalización del Consell.

El decreto convierte en papel mojado la oferta de consenso que el PP lanzó a la oposición para reformar la legislación urbanística. Cotino presentó un borrador para simplificar el complejo y farragoso cuerpo legislativo urbanístico, con apenas seis años en vigor. El texto estaba redactado por tres catedráticos universitarios que, entre otras cuestiones, proponían que cuando los Programas de Actuación Integrada (PAI) caduquen, no solo decaiga el proyecto sino que prescriba también la reclasificación de suelo que lleva aparejada. Ese extremo se lo cargó de un plumazo el decreto aprobado el pasado viernes por el Consell.

No en vano, el consejero subrayó entonces, tras conocer el borrador de los expertos, que sus propuestas serían tenidas en cuenta por el Gobierno pero sería el Consell quien tomara la decisión última.

"El Gobierno del señor Camps demuestra con este cambio hasta qué punto era falaz su manifestada voluntad de establecer un gran pacto urbanístico", criticó Francesc Signes. "Es un parche no consensuado", insistió el diputado socialista, en cuya opinión el Consell renuncia a solucionar la situación en que han quedado grandes superficies de suelos programados y reclasificados durante estos últimos años por el Gobierno del PP.

Sobre el urbanismo valenciano pende no solo la reforma legislativa, sino una denuncia contra España en el Tribunal de las Comunidades Europeas, cuyo primer trámite se llevará a cabo el próximo septiembre. El abogado del tribunal comunitario expondrá su postura ante los magistrados en torno a si la Ley Urbanística Valenciana (LUV) cumple las directivas europeas en materia de contratación.