Alavedra, Prenafeta, Pujol y la exigencia moral

Los dirigentes del centro-derecha nacionalista catalán viven una euforia perfectamente comprensible y justificada. Los líderes de Convergència i Unió (CiU) ven ya por fin la salida al túnel en que entraron en 2003, cuando la alianza de izquierdas les apeó del Gobierno catalán. Los sondeos sobre intención de voto les auguran la victoria en las elecciones autonómicas y, por vez primera, les son también positivos para la alcaldía de Barcelona. Para colmo de felicidad, la evolución de la crisis financiera y económica ha terminado por poner en sus manos, es decir, de sus votos en las Cortes, al Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, de quien el domingo Artur Mas no se ahorró de recordar que le tiene "tantas ganas".

¿La exigencia moral que Pujol reclama a la izquierda es la exhibida por Alavedra, Prenafeta y Millet?

La euforia es, sin embargo, una mala consejera en política y quizá por eso el ex presidente Jordi Pujol se metió sin darse cuenta el domingo en el papel de sermoneador moral que tanto le gusta adoptar en sus discursos políticos. No debió hacerlo. En el ambiente festivo y acalorado de un mitin de partido en Vic, Pujol cargó contra la izquierda catalana pero lo hizo con un argumento que, en realidad, iba más contra su propio partido. Pujol calificó a las izquierdas de Cataluña como "gente débil con poca exigencia moral" por atreverse a pedir una investigación parlamentaria en uno de los asuntos de corrupción que afecta a CiU, el denominado caso Millet.

Poca exigencia moral. ¿Qué debemos entender por exigencia moral, mucha o poca, cuando Pujol habla de ella? ¿La que exhiben dos de los que fueron durante muchos años sus más próximos colaboradores en el Gobierno de la Generalitat, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en las conversaciones telefónicas sobre negocios y política que obran en el juzgado en el caso Pretoria?

¿O habría que tomar como biblia de la exigencia moral de Pujol aquella sentencia de un juzgado de Barcelona sobre el caso Casinos, en la que se argumentaba que la financiación ilegal de un partido no estaba específicamente tipificada como delito y, por tanto, no podía condenarse a Convergència por esa práctica, a pesar de que en el juicio había quedado acreditada?

¿O habría que remitirse al caso Torelló, un tráfico de influencias en materia urbanística que puso brusco e inesperado final a la carrera política de uno de los más brillantes delfines del propio Pujol, Josep Maria Cullell? ¿O habría que recordar el caso Planasdemunt, consejero de Economía en uno de los gobiernos de Pujol y presidente del ICF, que dio con sus huesos en la cárcel, condenado junto con otros responsables por una estafa de varios miles de millones de pesetas?

El recordatorio de estos casos ni es exhaustivo ni pretende ser una descalificación del partido y los gobiernos a los que pertenecían sus protagonistas, todos presididos por Pujol. La corrupción económica entre políticos no es patrimonio exclusivo de ningún partido. Y ahí están para recordarlo ahora mismo los casos Gürtel, que afecta de lleno al Partido Popular (PP) y Pretoria, en el que los ya citados ex altos cargos de CiU Alavedra y Prenafeta compartían protagonismo, negocios y, por supuesto, criterios morales, con un ex diputado socialista, Luis García Sáez, y un alcalde del mismo partido, el de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.

En este punto es oportuno recordar que la corrupción económica para beneficio particular de alguien, como supuestamente perseguían los imputados en los casos Pretoria y Gürtel, no es exactamente lo mismo que la corrupción política, aunque muchas veces se mezclan. Por ejemplo: en los denominados casos Turisme y Treball, la justicia sentenció que, además de algún beneficio particular había financiación ilegal de Unió Democràtica. Como en el caso Casinos la hubo de Convergència.

Cuando se trata del beneficio de partidos, lo grave es que lo corrompido son justamente las posibilidades de que todas las fuerzas concurran a las elecciones con los mismos o similares medios. Por esto es particularmente rechazable que quien se ha beneficiado de financiación irregular se atreva además a erigirse en predicador y acuse de "poca exigencia moral" a quienes han sido sus víctimas.

Dicho de otra forma, cuando el ex presidente Pujol acusa a la izquierda de tener "poca exigencia moral" ¿hemos de entender que le pide que se ponga a la altura de Alavedra, Prenafeta, Cullell, Planasdemunt, Millet...? ¿O de la suya, que le permite criticar la moral de los demás y obviar realidades tan crudas como algunas de su partido?