Cotino intentó blindar el negocio de geriátricos de su familia

El vicepresidente valenciano prometió aumentar las plazas subvencionadas

Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores.

El dirigente del PP cambió las reglas en la financiación de plazas privadas

Ante esta situación, Savia y otras dos empresas (La Saleta y Novaire) que conciertan plazas con la Administración bajo la misma fórmula (denominada de accesibilidad social) y que esperaban beneficiarse de estas ventajas, han interpuesto un escrito para que Bienestar Social respete las condiciones pactadas cuando Cotino dirigía el departamento, según ha sabido este diario. Este documento está siendo analizado por la abogacía de la Generalitat y es un paso previo a la demanda con la que han amenazado para reclamar el cumplimiento del acuerdo. En la consejería consideran que la exigencia de Savia y el resto de centros tienen poco recorrido: se basa en un protocolo de intenciones lanzado por Cotino y estaba sujeto a la existencia de crédito, pero no hay liquidez.

Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.

La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.

La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.

Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.

Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.

En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.

A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).

El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social.

Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana.
Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana.JORDI VICENT

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 31 de mayo de 2010.

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