La interventora se opone a que Boadilla pague las deudas de una firma de Correa

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte asumirá la hipoteca de 7,1 millones de euros de la empresa Artas Consultores. Esta sociedad es propiedad de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la red Gürtel, según el sumario del caso. El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la operación pese a contar con la oposición de la interventora municipal, quien expresó su "disconformidad" a la misma. La mayoría del PP hizo valer su rodillo para imponer su criterio y sacar adelante la operación.

A cambio, la empresa vinculada con Correa acepta anular la adjudicación del contrato para gestionar 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. Tras el acuerdo, los inmuebles volverán a pertenecer a la empresa municipal. La operación aún está pendiente del visto bueno del juez instructor de caso Gürtel, Antonio Pedreira. El magistrado tiene la última palabra sobre un acuerdo que afecta a una empresa intervenida por la justicia, Artas Consultores.

El Consistorio acepta la deuda a cambio de anular una concesión

El pleno retira a la SGAE la concesión del palacio del infante don Luis

La decisión del grupo del PP local se produjo pese a los reparos de la interventora municipal, María José Fernández Domínguez, y del viceinterventor, Juan Andrés Gil Martín; y de las críticas encendidas de los partidos de la oposición local (PSM y Alternativa por Boadilla). Los dos funcionarios presentaron un informe en el que alertaban sobre la necesidad de volver a cálcular el valor de los locales comerciales para que se pudiera conocer el importe real de la liquidación entre la empresa de Correa y el Ayuntamiento. La interventora municipal intervino en el pleno donde señaló la posibilidad de que sea la sociedad la que tenga que abonar dinero al Ayuntamiento.

La operación fue pactada previamente entre el actual gerente de la EMSV, Alejandro Corral y el administrador de Artas Consultores, Ramón Blanco Balín por un monto de 5,9 millones que ayer se elevó a 7,1. El sumario considera a este último el supuesto testaferro de Correa.

Una de las ausencias del pleno fue la edil Rosalía de Padura, esposa de Tomás Martín Morales, ex consejero de la EMSV y uno de los imputados en la trama. Martín Morales ha logrado eludir la cárcel al pagar la fianza de 1,5 millones. Al ausentarse De Padura ha eludido una posible incompatibilidad, ya que su marido fue accionista del 20% de la empresa que recibirá los 7,1 millones, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la Operación Gürtel. Sin embargo, su voto favorable en la comisión de Economía previa al pleno fue criticado por la oposición.

El portavoz del PSM en Boadilla, Pablo Nieto, destacó que esta adjudicación ha causado un grave perjuicio financiero al municipio, ya que se cedieron unos locales comerciales "cobrando solo el 10% de su valor de mercado". Además, criticó al actual alcalde, Juan Siguero, asegurando que es "vergonzoso e indecente" que pretenda pagar, pese a la disconformidad de la intervención municipal, otros siete millones a esta empresa relacionada con la trama Gürtel. Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), denunciará el acuerdo del pleno, ya que lo considera "ilegal".

Un portavoz municipal explicó, al ser preguntado por este periódico, que se ha demostrado que la operación "no es ilegal", como argumenta la oposición.

El pleno de ayer también aprobó rescindir el contrato que firmó en 2006 el Ayuntamiento con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para que el palacio del infante don Luis (del siglo XVIII, obra de Ventura Rodríguez) acogiera la sede de la Fundación Autor.

Esa fundación aseguró ayer en un comunicado que no le ha sido notificada "fehacientemente" la rescisión del uso privativo del palacio, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). "Una vez se estudie la resolución, la Fundación Autor tomará las decisiones necesarias para su legítima defensa", prosigue el texto. Y resalta que la entidad "no renuncia al proyecto, en el que ha invertido considerables recursos humanos y materiales". El Ayuntameinto alega que la SGAE ha presentado un proyecto inadecuado para el recinto.