Valencia rematará la investigación que Pedreira completó

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, intentó sin éxito en agosto de 2009 que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investigara un informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano y la adjudicación irregular de contratos a la trama Gürtel.

Casi diez meses después, Pedreira ha enviado al tribunal valenciano resultados de aquella investigación -que implica al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula de su Gobierno-. Él mismo la ha realizado, puesto que en febrero los magistrados valencianos asumieron que sería él quien completara la instrucción del caso.

Las actuaciones realizadas por Pedreira completan una parte de la instrucción de lo que el propio tribunal valenciano calificó como "complejo delictivo". Los magistrados decidieron que, "al tratarse de una investigación judicial compleja y secreta", debía efectuarse junto con el resto del caso Gürtel hasta que aparecieran indicios sólidos contra políticos valencianos aforados.

Se consideró conveniente "no fragmentar" la investigación

Así, el 15 de febrero se declararon provisionalmente incompetente para investigar la querella por financiación ilegal del PP presentada por cuatro diputados socialistas contra Camps, seis de sus altos cargos, cinco miembros de la trama corrupta y cinco destacados constructores.

Por entonces, el caso de los trajes presuntamente regalados por la trama a Camps y a otros altos cargos estaba archivado, a la espera de que el Tribunal Supremo dijera la última palabra. La instrucción de Pedreira, por otra parte, seguía siendo secreta.

"La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad Organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos", señaló entonces el tribunal valenciano, que decidió dejar en suspenso la iniciativa para "no fragmentar" la investigación judicial desarrollada en el tribunal de Madrid.

El auto, que acordaba "la no asunción de competencia, por el momento", pero advertía además de que la competencia para "realizar juicio formal de inculpación" o "la práctica de otras diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado" sobre personas aforadas les correspondía a ellos o, en todo caso, al Supremo. Y depositaba en la Fiscalía Anticorrupción, personada en el caso, la responsabilidad de promover, si fuese procedente, "la remisión de los testimonios indicados a otros tribunales que pudieran ser competentes".

Y así ocurrió: ha sido un informe de la fiscalía, que el juez Pedreira ha hecho suyo, el que ha terminado por devolver a Valencia un caso en el que los indicios de hasta siete delitos implican a Camps, a su vicepresidente, Vicente Rambla, a tres diputados valencianos, a media docena de empresarios y a miembros de la trama corrupta. Debería acumularse así al asunto de los trajes regalados, que ahora ha vuelto a manos del juez de Valencia José Flors, toda vez que, al final, el Supremo ha decidido reabrir esta investigación judicial.