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La renta de garantía se extiende para proteger a más colectivos desfavorecidos

Divorciados que vuelven al hogar paterno y desahuciados podrán pedir la ayuda

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la antes llamada renta básica, que se ampliará a colectivos como los divorciados sin hijos a su cargo que vuelvan al domicilio paterno por su mala situación económica o a los desahuciados por no poder hacer frente a una hipoteca. Más allá de limitarse a la subsidiariedad, las modificaciones de la nueva RGI buscan impulsar el empleo, complementando los salarios precarios, potenciando el trabajo entre sus perceptores e incentivando a quienes lo logren.

El decreto "nace en un momento especialmente delicado para las familias", recordó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, al dar cuenta de su contenido en la reuda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo. Casi año y medio después de que se aprobase la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, a partir de la cual se desarrolla el actual decreto, 52.849 familias se benefician de esta ayuda. La cifra está bajando desde el pico del pasado verano.

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La nueva RGI abre sus puertas a los divorciados sin hijos a su cargo que regresen al domicilio paterno por falta de recursos. Desde ahora se contabilizarán como una unidad familiar independiente de sus padres. La ayuda incluirá además un complemento a las familias monoparentales, que supondrá un 6,4% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las ayudas que cobran. También podrán solicitarla quienes se queden sin casa por no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

La ayuda sigue a la Prestación Complementaria de Vivienda, aprobada en enero pasado. Ambas se consideran derechos subjetivos, lo que implica que se pueden reclamar por ley y que nadie que cumpla los requisitos se quedará sin cobrar, aunque se rebasen los 281,4 millones de euros presupuestados este año para la RGI. Para completar el marco de subsidios, se aprobarán las Ayudas de Emergencia Social y los convenios de inclusión, una especie de contrato para quienes reciban este dinero y sus familias.

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Más del 60% de quienes cobran la renta de garantía la utilizan como complemento a otros ingresos. Los pensionistas, por ejemplo, suponen el 36% y recibirán la ayuda hasta que la suma entre la RGI y su pensión alcance los 738 euros mensuales en el caso de una persona. Otro 30% complementa sus salarios de empleos precarios para alcanzar el 88% del SMI. El total de la renta de granatía, 650,19 euros mensuales en el caso de una persona, la cobra únicamente el 34% de los perceptores. De ellos, "la mayoría tienen empleabilidad alta o media", destacó Zabaleta.

El sistema para potenciar el empleo implica incentivos para quienes lo logran. Así, mientras que el perceptor que no trabaja recibirá 650 euros, el que trabaja, pero eleva su renta con la RGI no la completará hasta esa cantidad como hasta ahora, sino hasta otra mayor. Por ejemplo, con ingresos de 400 euros, la Administración aporta otros 550 -no los 250 que faltan para alcanzar el 88% del SMI-. Así, el trabajador cobrará 950 euros mensuales en el caso de una unidad familiar de una persona. En estos casos, cuando se llega a los 1.011 euros se deja de recibir la ayuda. En cuanto al patrimonio, no se contarán las primeras viviendas y podrán pedir la renta quienes posean menos de cuatro veces su cuantía anual. De este modo, una familia de tres miembros podrá solicitarla si tiene ahorrados hasta un máximo de 44.330,88 euros.

Antes del primer pago, los perceptores firmarán un convenio de inclusión. Ya están en vigor, pero su cambio enfatizará la activación laboral. A partir de la transferencia de las políticas activas de empleo, la RGI se vinculará con Lanbide y no con los servicios sociales. En la primera semana de junio comenzará la experiencia piloto en los ocho municipios que cuentan con una oficina del Servicio Vasco de Empleo. Quienes coben esta ayuda la tramitarán desde Lanbide, donde se realizará un itinerario formativo de los perceptores y se les acompañará en la búsqueda de empleo.

Las novedades

- Dos ayudas por domicilio. Como con la Prestación Complementaria de Vivienda, para evitar el hacinamiento sólo habrá dos ayudas de este tipo por casa.

- Nuevos colectivos. La Renta de Garantía de Ingresos abarcará a las personas divorciadas, o en situaciones análogas, sin hijos a su cargo que regresen al domicilio paterno y a los desahuciados. Además, se establece un complemento a familias monoparentales.

- Incentivos al empleo.Una persona sin ingresos obtendrá el 88% del SMI, 650 euros al mes. Mientras tanto, otra que trabaje y no alcance esa cantidad complementará su salario hasta lograrlo, como ocurría antes de este nuevo decreto, y obtendrá un plus que variará en función de las cantidades propias que se ingresen.

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