El juez del 'caso De Miguel' ultima la citación de Sánchez Robles y San Juan
El empresario Sergio Fernández Oleaga, administrador de Stoa, nuevo imputado
La investigación judicial sobre el cruce de pruebas testificales en el denominado caso De Miguel propiciará la citación en los próximos días de varias personas ante el juez Roberto Ramos en la Audiencia Provincial de Álava. Según las primeras estimaciones en medios próximos a la investigación, Xabier Sánchez Robles e Iñaki San Juan Bilbao serían los primeros en ser llamados a declarar ante el juez, una vez rastreados los contratos que las empresas Errexal y Ortzi Muga firmaron con el Departamento de Cultura del Gobierno vasco.
Mientras tanto, Radio Vitoria informó ayer de la imputación de Sergio Fernández Oleaga, administrador único de la empresa Stoa, que resultó favorecida con una adjudicación del Parque Tecnológico de Miñano (Álava) a pesar de cometer unas irregularidades en su concurso. Precisamente estas mnaipulaciones, desveladas por Ainhoa Alberdi, centraron la investigación judicial sobre Alfonso Arriola, entonces director del Parque alavés, y de Miren Lourdes Bilbao, técnica de este centro, que han acabado finalmente imputados.
La Ertzaintza admite que hasta 2011 no acabará su investigación
La próxima citación del ex director de Juventud del Gobierno vasco, Sánchez Robles, y del administrador único de Errexal y Ortzi Muga se desprende de la investigación de los contratos adjudicados por Cultura a estas dos sociedades. Estas dos empresas forman parte de un amplio listado de firmas detectadas por las facturas reflejadas en los ordenadores intervenidos a los titulares de la sociedad Kataia.
En el caso de Sánchez Robles, su nombre se repite en las adjudicaciones a San Juan. Ocurre también con la firma de Gurutz Larrañaga, otro de los imputados, aunque su implicación parece atribuirse a una cuestión jerárquica. Larrañaga manifestó su intención de abandonar Australia, donde se encuentra por motivos familiares, en los primeros días de junio y a partir de entonces ponerse a disposición de la Justicia.
El análisis del soporte informático está siendo especialmente prolijo. La interpretación de los soportes digitales es un trabajo especialmente complicado ya que también se llegan a desechar algunos contenidos porque no aportan ninguna prueba. A este exhaustivo trabajo contribuye, además, la cantidad ingente de facturas y movimientos de dinero que se suceden en el entorno de los principales imputados. Según las primeras impresiones en fuentes de la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica de la Ertzaintza estima que no cerrará su trabajo hasta el próximo año.
En medios próximos a la investigación se admite, de hecho, que algunas variables de este caso que persigue una red de supuesta corrupción "todavía están en mantillas". Se admite, por ejemplo, que existen numerosos cruces entre las pruebas detectadas y que, a su vez, abren paso a nuevos requerimientos, tanto personales como documentales.
Eso sí, las principales pruebas para abrir la investigación fueron aportadas por Ainhoa Alberdi, administradora de Urbanorma, como ha ocurrido ahora con la imputación de Fernández Oleaga, ya que recopiló durante tiempo grabaciones y correos electrónicos con las exigencias económicas de Alfredo de Miguel. A su vez, el padre de la denunciante, un constructor radicado en Vizcaya, también prestó declaración para aportar detalles sobre las amenazas recibidas por parte de De Miguel y Tellería durante el almuerzo en un restaurante de Vitoria. Por cierto, la factura de esta comida fue con cargo a la Diputación Foral de Álava, en base a la condición pública de la que entonces disfrutaba el principal imputado, según consta en el sumario.
Alberdi puso en la pista de la trampa de Stoa
Ainhoa Alberdi tenía un recuerdo bastante preciso sobre algunas irregularidades de las que había sido testigo en el Parque Tecnológico de Miñano. Y las contó en sede judicial durante varias horas. Una de ellas afectaba a la trampa que la empresa alavesa Studio Técnicos de Obras y Arquitectura (Stoa) había cometido en un proceso de adjudicación de servicios y que al ser advertida por otra firma competidora había contado con el apoyo de Alfonso Arriola y Miren Lourdes Bilbao para disimular la irregularidad.
Confirmado todo el proceso detectado a raíz de las declaraciones de Alberdi, el juez imputó ayer a Sergio Fernández Oleaga, administrador único de Stoa. Este ingeniero, con vinculaciones gallegas en cuyo Centro regional de Vitoria figura como voluntario junto a su hermano Eloy, encabezó una candidatura al concejo de Landa en el municipio alavés de Arrazua Ubarrundia, pero no admite vinculación alguna con el PNV. Como es sabido, hasta ahora todas las empresas y particulares que se han visto beneficiadas por actuaciones relacionadas con el caso De Miguel sin afiliados o simpatizantes jeltzales.
Fernández Oleaga ya ganó en 2008 la adjudicación del proyecto de la depuradora de Etxabarri Ibiña, con un presupuesto de 450.045 euros y en el mismo año en Legutiano fue aprobada la redacción del estudio de detalle promovido por Eskibel-Arana sobre la parcela de un polígono industrial.
En Miñano, el juez estima que efectivamente presentó una oferta en número y otra en letra para adjudicarse un servicio y que cuando la también competidora Lugarfive recurrió, ante la polémica interna creada en el Parque, Arriola y Bilbao manipularon el contrato de Stoa para que pudiera mantenerse la adjudicación. Los numerosos correos electrónicos que se cruzaron los dos miembros de la dirección de Miñano en aquellos intensos días, han acabado por imputar a Fernández Oleaga.
Lugarfive es una empresa vinculada con el urbanismo, radicada también en Vitoria. El abogado Alfonso José Fernández de Trocóniz, relacionado en su día con el bufete Jiménez de Parga, y el arquitecto Pablo José Carretón Gil figuran como los administradores únicos de esta firma.
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