Berlusconi acelera la aprobación de la 'ley mordaza'

Lejos de arrugarse ante las críticas a la ley mordaza, que llegan a diario desde lugares tan dispares como la Administración de Barack Obama y la oficina de Reporteros Sin Fronteras, Silvio Berlusconi ha decidido acelerar la tramitación del decreto que restringirá las escuchas judiciales y su publicación en la prensa con sanciones durísimas para editores y periodistas.

Aunque su portavoz, Paolo Bonaiuti, abrió ayer la posibilidad de suavizar la ley, la Comisión de Justicia del Senado se disponía a votarla anoche sin introducir modificaciones relevantes. Ahora el proyecto será discutido en el pleno del Senado, y luego volverá a la Cámara de Diputados, donde el presidente, Gianfranco Fini, y sus partidarios de la corriente minoritaria del Pueblo de la Libertad han anunciado que el texto será limado en sus puntos más espinosos.

La corriente de Fini pretende limar los puntos más espinosos del texto

Pero los posibles retoques y la división de la mayoría no convencen a casi nadie. Berlusconi parece haber aprobado una rebaja de las multas a los editores y la publicación de resúmenes de las actas judiciales antes del proceso. Pero su intención es clara, y la reafirmó ayer el ministro de Justicia, Angelino Alfano: "No se puede interceptar todo y siempre porque los ciudadanos no quieren un Estado de policía".

Si la justificación suena grandilocuente, los pequeños detalles del texto que van asomando son a la vez grotescos e inquietantes. Algunos artículos parecen diseñados a medida para garantizar la impunidad de personas y grupos determinados. Por ejemplo, para interceptar a un sacerdote sospechoso de un delito, los fiscales deberán obtener antes el permiso por escrito de su obispo. Y para escuchar a un parlamentario, será necesaria la autorización previa de la Cámara.

No falta la llamada enmienda Patrizia D'Addario (por la escort que visitó y grabó a Berlusconi en palacio Grazioli): los profesionales -salvo periodistas con carné o espías- que realicen grabaciones de terceros sin su consentimiento podrán ser encarcelados durante cuatro años, lo que prohibiría de facto trabajar a todos los colaboradores de prensa, que solo tienen carné de publicista.

Lo más grave, quizá, es que casi nadie tiene claro, a día de hoy, cómo afectará la ley a las investigaciones de mafia y terrorismo. Pero el jurista Stefano Rodotà no tiene dudas: "Esta ley nos pone al borde de la dictadura. Para definir lo que sucede en Italia hay que hablar de crisis institucional, censura, régimen, violación de la Constitución. Muchos se ponen una venda ante los ojos; entre mordaza y venda, no sé qué es peor. Esta ley es el corazón de la estrategia autoritaria de Berlusconi. Busca una opinión pública desinformada, carne de sondeo".

Las palabras de Rodotá abrieron, ayer, nuevos actos de protesta en Roma y Milán. Asistieron casi todos los directores de periódicos y revistas. Ferruccio de Bortoli, de Il Corriere della Sera, señaló que "el decreto es peligroso para la democracia y no solo para la profesión", ya que el objetivo "no es evitar los abusos en las escuchas sino legislar la intolerancia por la libertad de prensa".

Según Ezio Mauro, de La Repubblica, la ley "es una nube de chantajes bajo la cual todos nos arriesgamos no ya a dejar de interceptar sino a dejar de informar". Según Mauro, no es verdad que, como asegura el primer ministro, "estemos todos interceptados. En 2009 las escuchas disminuyeron respecto a 2008, y afectaron a unas 25.000 personas. El ciudadano normal no tiene nada que temer".