El alcalde de Tui desafía el veto de la Xunta a un proyecto de su promotora

Todo está aparentemente listo para que Tui cuente al fin con un Plan General de Ordenación Municipal. Todo, excepto un pequeño detalle: una urbanización de la inmobiliaria del alcalde de la localidad. La actuación, conocida como Patazumba, consiste en la construcción de más de 300 viviendas promovidas por una empresa del regidor, Antonio Fernández Rocha, del PP. A los requerimientos de la Xunta, que obliga a respetar un hórreo centenario enclavado en el corazón de los terrenos, el Ayuntamiento tudense ha replicado con un informe que asume otras observaciones de la Administración autonómica, pero no la que afecta al hórreo, y por tanto al negocio del alcalde, apoderado de la promotora Provitui, propiedad de su hijo. Además de los problemas administrativos, derivados de la protección del hórreo de Patazumba y de una casa anexa, el proyecto inmobiliario de Rocha se enfrenta también a los judiciales, después de que la Audiencia de Pontevedra paralizara la obra en enero de 2007. Al propio alcalde se le imputan, entre otros, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico, pero Antonio Fernández Rocha y Provitui insisten en defender una actuación de la que depende la salud económica del grupo empresarial. En un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, de enero de 2009, se rechazaba la propuesta del Ayuntamiento tudense de trasladar el hórreo, "dada su singularidad". Se trata "de uno de los más destacados de Tui, ya que consta de siete pares de pies". Y, de acuerdo con la documentación de Patrimonio, "debe quedar vinculado a la casa y a la finca a la que pertenece", para proteger así su "valor cultural". El informe de la Xunta establece otras observaciones al Plan General, todas ellas incorporadas excepto la que afecta al hórreo, que según Fernández Rocha daría al traste con el Plan Especial Integrado 5, el de su inmobiliaria. El ayuntamiento acaba de contestar a la Xunta con otro informe en el que replica que el mantenimiento del hórreo supondría "un impacto de gran magnitud en la ordenación del Plan General". También alega que "haría inviable" un eje y una intersección viarios, pero lo sustancial viene a continuación, cuando advierte de que "se trastoca" así una ordenación en curso de ejecución -en realidad, paralizada judicialmente-, "con la obligación de abordar las indemnizaciones previstas" a los propietarios. Esto es: a la empresa de Fernández Rocha y su hijo, que anticipan así su intención de pedir una reparación económica en el caso de tener que renunciar a la urbanización en las condiciones previstas. Y las condiciones no eran precisamente leoninas. La empresa compró la finca principal del solar, de 6.000 metros cuadrados, por 1,7 millones de euros en abril de 2003, y completó así total de 14.648 metros cuadrados. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento recalificó el terreno, para permitir el doble de las alturas autorizadas en las demás urbanizaciones de la zona. Una denuncia de la fiscalía a la juez permitió paralizar las obras, que habían comenzado sin licencia. Rocha lo intentó de nuevo con dos planes generales sucesivamente anulados por la Xunta, uno de ellos por el entonces conselleiro de Política Territorial Alberto Núñez Feijóo. La finca Patazumba es ahora el último obstáculo para obtener el visto bueno de la Xunta al Plan General de Ordenación Municipal, mientras el ayuntamiento tudense sigue rigiéndose por las normas subsidiarias de 1994. Fernández Rocha mantiene una relación directa o a través de su hijo con siete inmobiliarias y constructoras.

El ayuntamiento pedirá que se indemnice a la empresa del regidor

La localidad sigue sin planeamiento y mantiene unas normas de 1994