Alberdi agradeció a Alegría el trabajo hecho en Miñano y 10 meses después denunció a De Miguel

Ainhoa Alberdi, administradora de la sociedad Urbanorma, denunció el 2 de diciembre de 2009 ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, que se le había reclamado una comisión pendiente de pago por sus gestiones en la venta de terrenos del Parque Tecnológico de Miñano (Álava). Suponía el punto de partida de la investigación sobre una red de supuesta corrupción en este territorio, que se ha venido en llamar caso De Miguel porque el ex diputado foral alavés es uno de los 11 imputados. Sin embargo, EL PAÍS ha tenido acceso a un correo electrónico que el pasado 5 de febrero de 2009, es decir, diez meses antes de que compareciera en sede judicial para denunciar la extorsión, Ainhoa Alberdi envió a las 17.15 a Julián Sánchez Alegría, entonces presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco. En el texto, le "agradecía" la "confianza y valoración" que este organismo público había tenido en Urbanorma, se "felicitaba" por las gestiones realizadas y, una vez cumplido el objeto del convenio de 2006, Alberdi "animaba" a Sánchez Alegría "a seguir trabajando juntos en un futuro" en base a la experiencia acumulada durante el proceso de venta de terrenos del Parque de Miñano.

La Ertzaintza transcribió la conversación entre De Miguel y Alberdi

Alberdi y Sánchez Alegría firmaron el 13 de noviembre de 2006 un contrato de prestación de servicios para la compra de fincas en Miñano. En este convenio se consignaban las condiciones económicas a favor de Urbanorma en su condición de asistente jurídico. Este trabajo concluyó en febrero de 2009 con una valoración positiva por parte de la consultora. Así lo destacó Alberdi mediante un correo electrónico, que figura entre las pruebas testificales recogidas en el sumario de este caso.

Lógicamente, la existencia de este documento, hasta ahora desconocido a nivel público, provoca la lógica sorpresa y abre la puerta a muy diversas conjeturas sobre qué pasó en realidad entre febrero y diciembre de 2009 para que Ainhoa Alberdi cambiara de opinión de manera tan radical. Y es que la administradora de Urbanorma, que mantiene la actividad empresarial desde su oficina en Bilbao, pasó de reconocer a Sánchez Alegría -otro de los imputados- la "satisfacción" por el trabajo compartido a, diez meses después, interponer una denuncia, que acompañó de cintas grabadas durante sus conversaciones con Alfredo de Miguel, así como de correos electrónicos, enviados al parecer desde el despacho del entonces diputado foral.

Según la información obtenida en las últimas horas por este diario, existen además algunas dudas sobre el contenido exacto de una conversación telefónica que mantienen De Miguel y Alberdi y que abre la puerta a la investigación de este caso. Cuando la denunciante entregó las pruebas de su acusación, el fiscal las remitió al servicio de Intervención Telefónica (ITE) de la Ertzaintza para la correspondiente identificación de voces y transcripción posterior. En las diligencias practicadas, no existe, según fuentes jurídicas, una correlación entre los recuerdos que traslada Alberdi al fiscal en su propia declaración y la transcripción, reflejada con menos claridad técnica de la deseada en ciertos pasajes. Como es evidente, entre las defensas de los imputados se subraya la importancia de esta anomalía.

Con todo, fuentes relacionadas directamente con el caso admiten que sí existen indicios racionales sobre la exigencia de pagos por parte, sobre todo, de Alfredo de Miguel y Aitor Tellería. Sin embargo, es en la cuantía de las cantidades exigidas como comisión, y de una manera más significativa en la disputa entre el ex diputado foral y Alberdi, donde no existe unanimidad entre personas que conocen el sumario del juez Roberto Ramos.

Este diario, de hecho, ha podido conocer cómo sobre el mismo concepto hay quien eleva la comisión exigida por los imputados a 120.000 euros y otro que rebaja "la liquidación" a apenas 6.000 euros. No obstante, en el sumario se hace constar, eso sí, que De Miguel y Tellería exigieron al padre de Ainhoa Alberdi, durante el almuerzo en un restaurante de Vitoria, e1 pago de 120.000 euros, según ya adelantó EL PAÍS el pasado martes. Los dos imputados adoptaron esta medida de presión tras negarse previamente la administradora de Urbanorma a liquidar la citada comisión.