El Ayuntamiento de Santiago advierte del riesgo sanitario por la basura amontonada

Santiago está en situación de riesgo para la salud pública y medioambiental. Los últimos días de calor en la capital gallega han agravado el diagnóstico de la situación sanitaria de la ciudad, que soporta ya diez días de huelga del servicio de recogida de basuras. Los cálculos del Ayuntamiento cifran en 600 las toneladas que se acumulan en las calles y que, con la llegada del buen tiempo, han comenzado a desprender un fuerte hedor. Los técnicos municipales aseguran que, con esta situación, la salud pública y medioambiental está comprometida, por lo que el Ayuntamiento ha firmado un nuevo decreto de servicios mínimos, el tercero en lo que va de paro. En esta ocasión no se especifica cuántos trabajadores tendrán que cubrir los turnos, sino que el decreto tiene una única exigencia: sacar ya de las calles 120 toneladas. El objetivo es que sólo se acumulen los desperdicios de, como máximo, cuatro días. Es el límite que marcan los técnicos con estas condiciones meteorológicas.

Mientras, la negociación entre los trabajadores y la empresa Urbaser, que pertenece al Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, sigue enquistada y se suceden las quemas de contendores por las noches. Si los primeros días los fuegos se producían en las zonas más rurales de Santiago, ahora se centran en zonas cercanas al casco histórico. En la madrugada del miércoles ardieron cerca de 30 contenedores en varias calles de la ciudad, especialmente, en el barrio de Fontiñas. La concejala de Servicios, Marta Álvarez-Santullano, cifró el coste de los daños de la noche del miércoles en unos 24.000 euros. En los diez días de huelga han ardido unos 150 contenedores.Álvarez-Santullano condenó de nuevo los actos vandálicos, que calificó de "semiterroristas" porque "están entrañando riesgos para la población", aseguró. Dos de los contenedores quemados afectaron a la fachada de un colegio y a un vehículo estacionado. La concejala cargó contra los trabajadores en huelga, a los que responsabilizó de los actos que "ya nadie puede pensar que son fortuitos". Para ello, se escudó en las identificaciones que la policía ha hecho en los últimos días y en las salidas del servicio de bomberos: "El Ayuntamiento está trasladando actos objetivos, altercados que se están produciendo". "Y se acabarán produciendo detenciones", avisó. "El chantaje al que se está sometiendo a la ciudadanía no se puede consentir", siguió Álvarez-Santullano, quien consideró que "es el momento de exigirles [a los empleados de Urbaser] que paren con esos actos semiterroristas porque están poniendo en riesgo a la población".

El comité de empresa acusó al Ayuntamiento de hostigar a los trabajadores y hacer "de publicista de la empresa". Uno de sus miembros, Alfredo Santomil, criticó que desde el gobierno municipal se esté "insistiendo en la postura" de la empresa, que nunca ha hecho declaraciones públicas. "Estamos sufriendo una campaña de acoso por parte del Ayuntamiento", denunció e insinuó que se trata de un "sistema de compensación" por la deuda que Santiago mantiene con la empresa Urbaser. El presidente del comité, Valentín Nieves, hizo la "condena más rotunda" de los actos vandálicos. Aseguró que no tienen ninguna información de que personal de la empresa esté relacionado con esos hechos. "No lo justifico, pero no me extraña que haya gente que se caliente", comentó Santomil.

La negociación con la empresa está estancada desde hace días. Los trabajadores dicen que por la negativa de Urbaser a negociar los temas sociales, promoción de ascensos y cobertura de vacantes. La empresa calla y el Ayuntamiento insiste en que son reivindicaciones salariales lo que frenan el acuerdo. "No es ese el problema", repiten desde el comité, que se muestra dispuesto a aceptar una subida acorde con el IPC. Un peón tiene actualmente un sueldo bruto de 987 euros mensuales, además de un 30% de complemento por nocturnidad y la antigüedad que le corresponda.

El enfrentamiento entre Ayuntamiento y trabajadores en huelga se da también en los servicios mínimos. Los operarios los tachan de abusivos, y la concejala los deja en altos, pero acusa a los empleados de incumplirlos. "Están recogiendo por debajo de lo normal, es una tomadura de pelo", dice. En cifras, los días de huelga recogen de media unas 8 toneladas frente a las 14 habituales, según los datos de pesado de los camiones, asegura. "Hacen los recorridos a diez kilómetros por hora, van a cámara lenta, recogen un contenedor y dejan otro". El comité defiende que, con tantas bolsas acumuladas, el trabajo es más lento ya que tienen que vaciar la zona para poder enganchar el contenedor y luego rellenarlo a mano.

De momento, el Ayuntamiento advierte a la empresa que no pagará la factura del mes. Sin embargo, la rebaja en el recibo de los vecinos está por ver.