El PSM estudia ir a los tribunales para lograr la declaración de López Viejo

Agotada la vía política por la persistente negativa del PP en la Cámara regional, los socialistas estudian qué camino jurídico emprender para lograr de una vez que el Gobierno de Esperanza Aguirre se vea obligado a entregar las declaraciones como alto cargo del ex consejero Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel.

Hasta ahora la Mesa de la Asamblea, controlada por la mayoría de los populares (cuatro de siete miembros), se ha negado sistemáticamente a facilitar a los socialistas esa documentación, pese a que les avala la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la resolución de la presidencia de la Cámara de 4 de junio de 2001, que fija el procedimiento para acceder a ese registro de bienes.

"El problema es la interpretación del reglamento del PP", dicen desde IU

"Vamos a presentar un escrito de reconsideración a la Mesa", explicó la portavoz socialista, Maru Menéndez. Pero también estudian las vías judiciales porque opinan que la intención oculta del PP es sentar un precedente que impida en el futuro que otros altos cargos regionales de más relevancia que López Viejo no puedan ser investigados. "El PP juega con la baza de que los recorridos jurídicos son lentos y difíciles", advirtió la portavoz socialista.

En la reunión de ayer de la Junta de Portavoces de la Asamblea, la presidenta del Parlamento autonómico, Elvira Rodríguez, ofreció como único argumento de la negativa a tramitar el acceso al registro de altos cargos, según la versión socialista, que la Mesa no es "un buzón de entrada", sino que adopta decisiones.

Pero el portavoz adjunto del grupo popular, Pedro Muñoz, agregó que se han basado en un informe jurídico "que dice que la petición no es congruente con la motivación". E insistió en que los socialistas ya tienen lo solicitado, porque se les han entregado los escritos notariales que López Viejo presentó en el Registro de la Asamblea la semana pasada. A partir de ahí, Muñoz jugó a confundir las declaraciones a las que estaba obligado como diputado del ex consejero con las que tuvo que hacer como alto cargo. El PP se ha negado a facilitar todas ellas.

La diferencia es que en las últimas se incluyen las declaraciones de los impuestos del patrimonio y de la renta del diputado imputado -desde que fue nombrado en 2003- y, por tanto, se podría verificar si el chalé que utilizó López Viejo como garantía del pago de la fianza impuesta por el juez Pedreira, que instruye el caso Gürtel, se financió con el sueldo de un consejero o, como sospechan los socialistas, con dinero negro procedente de la trama de Franscisco Correa. "¿Por qué se tiene que volver a enviar algo que ya tiene el grupo socialista?", planteó Muñoz.

También el grupo de IU se quejó de la falta de transparencia de los populares en este asunto. "El reglamento está claro, el problema es la interpretación parcial que hace el PP", explicó el diputado Antero Ruiz, que representa a IU en la Mesa de la Asamblea. "La mayoría del PP impidió el acceso a la declaración adoptando una aplicación del reglamento que es restrictiva y no tiene sentido", argumentó. Por eso, aseguró que IU va a seguir denunciando la protección que ejerce la Mesa sobre los diputados no adscritos, entre los que está el ex consejero.