La fiscalía critica al PP por recurrir resoluciones del 'caso Gúrtel' que la defensa no impugna

La Fiscalía ha vuelto a considerar "sorprendente" la actuación del PP en el caso Gürtel, en el que el partido ejerce la acusación popular, porque recurre resoluciones del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira que ni siquiera impugnan las defensas de los imputados. El recurso del PP contra el requerimiento de Pedreira a la Generalitat valenciana para que identifique a los responsables de 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama "no deja de ser sorprendente, por cuanto procede de una acusación popular que es, además, la única parte (incluidas todas las defensas) que ha impugnado esa providencia", dice el fiscal.

En el escrito, la Fiscalía defiende al autor del informe pericial en el que el juez basó su requerimiento, en el que se concluye que el Gobierno valenciano vulneró en repetidas ocasiones "la normativa reguladora de la contratación pública" mediante el fraccionamiento de contratos. El perito, que pertenece a la unidad de auxilio judicial de la Interveción General de la Administración del Estado, "como funcionario público, sirve con objetividad los intereses generales", recuerda el fiscal.

El PP alegó en su recurso que la actuación de determinados cargos públicos de la Generalitat valenciana "excede" del objeto de la causa que instruye Pedreira y que, además, el magistrado no podría investigarles porque son aforados y, por tanto, sólo pueden ser encausados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El fiscal responde que "la investigación de la contratación de las empresas vinculadas a Francisco Correa con la Administración valenciana es objeto de este procedimiento y, en consecuencia, cualquier diligencia tendente a la comprobación de esos hechos debe ser acordada por el instructor del mismo". Añade que si de esas diligencias se derivan indicios de delito contra aforados, Pedreira procederá a "la inhibición al tribunal correspondiente".

La Fiscalía también rechaza que, como argumentó el PP, el juez pretenda con su requerimiento incoar "una investigación de orden inquisitivo, una causa general" contra todo el Gobierno valenciano. Así, destaca que el informe concluye que hubo "adjudicación irregular" de contratos "por prácticamente todas las Consejerías de ese Gobierno, por lo que necesariamente habrán de verse afectadas por la investigación".

El representante del Ministerio Público también se muestra sorprendido porque el PP califique las conductas que describe el informe de "mera irregularidad administrativa" y dice que su relevancia penal "deberá ser valorada por el tribunal competente". "En todo caso, resulta cuando menos aventurada, especialmente al proceder de una acusación popular, la calificación de 'mera irregularidad administrativa' de la práctica reiterada en diversos ejercicios y Consejerías de un amplio elenco de irregularidades en materia de contratación pública", señala.

La Fiscalía recuerda, además, que en la causa obra documentación "referida a posibles pagos y regalos por parte de los imputados a personas que ocuparon cargos en las distintas Administraciones con las que contrataron y que inducen a cuestionar la causa y motivación de algunas de las irregulridades descritas".