Público y privado: cuestión de modelo

Hoy ya sabemos que la dinámica de expansión fiscal -prestaciones sociales, inversión en obra pública- asociada a un mayor déficit y endeudamiento de las Administraciones no puede prolongarse. Que exige, como hemos visto estos últimos días, la adopción de medidas que nos devuelvan a los criterios de estabilidad presupuestaria. No por un fundamentalismo de los indicadores, sino por la necesidad de que nuestra economía vuelva a crecer por sí misma y sobre bases sólidas. El retorno, en tan sólo cuatro años, al 3% de déficit público desde el 11,4% con el que cerramos 2009, constituye el referente más expresivo del esfuerzo de rigor, disciplina y control del gasto que tenemos por delante.

La combinación de crisis económica, disminución de los ingresos públicos, aumento del gasto social y, en el caso de España, la práctica desaparición de los fondos estructurales, determinan un escenario de fuerte presión sobre los recursos públicos y un gran debate sobre las prioridades en su utilización.

En este entorno se hace necesario explorar, sin prejuicios y desde la confianza mutua entre los sectores público y privado, vías de colaboración en la financiación y en la gestión que permitan atender, desde los presupuestos públicos, las necesidades prioritarias en los ámbitos del desempleo, de la salud, la dependencia, la educación o la inmigración, sin cuestionar, más allá de lo razonable, la continuidad de las inversiones en servicios e infraestructuras que son determinantes para la sostenibilidad, la competitividad y el crecimiento futuros de la economía.

Para que ello sea posible, la Administración debe ver en el sector privado un compañero de viaje para el impulso de unas políticas públicas que demandan la aplicación de unos recursos, hoy más que nunca, limitados. Por su parte, el sector privado debe explicitar su apuesta por unos proyectos a largo plazo, de riesgo más limitado y con rentabilidades más seguras y por ello, lógicamente, moderadas.

La colaboración entre lo público y lo privado dispone en España de un marco jurídico sólido, pero debemos avanzar en la plasmación de criterios coherentes que concreten los ámbitos en los que esta colaboración es posible y los casos en los que el acceso a la prestación es el pago por uso, el copago o el libre acceso. La fijación de estos criterios, su coherencia y su justificación pública son fundamentales, tanto para la comprensión ciudadana como para la garantía de las inversiones privadas.

En España contamos con una tradición histórica de modelos de colaboración público-privada. La sanidad o la educación con los conciertos entre las Administraciones y las instituciones privadas son un claro ejemplo de ello. Durante años, el mutualismo fue un ejemplo de cómo desde el sector "no público" se puede contribuir a generar un beneficio que sí que es público y que impulsa una actividad económica socialmente eficiente.

Es pues momento de aprovechar esta experiencia y afrontar así la ineludible corrección del déficit. Apuntaré sólo dos ejemplos de lo que, desde el ámbito de las infraestructuras, puede hacerse en este campo. El primero se refiere a la implantación de la Directiva Eurovignette, que Francia y varios países de la UE tendrán ya en marcha en 2012. En España esta medida permitiría no sólo establecer el necesario modelo armónico de tarificación de la red viaria, sino que también aportaría recursos para no diferir inversiones hoy amenazadas por un retraso indefinido; mantener la red viaria existente; y facilitar la reducción del déficit con una actuación más equitativa, y socialmente más aceptable, que otras medidas de austeridad. El segundo hace referencia a los aeropuertos. La entrada de la gestión privada en los aeropuertos permitiría al Estado, por medio de la concesión administrativa individualizada de los distintos aeropuertos, reducir la deuda acumulada en AENA, y con ella su coste financiero, manteniendo bajo tutela estatal tanto la navegación aérea como la regulación y la titularidad patrimonial del sistema aeroportuario. Se fomentaría así una competencia que daría respuesta eficiente a la demanda de movilidad de los ciudadanos, a la vez que facilitaría la participación de los actores territoriales -comunidades, ayuntamientos y agentes económicos- en las decisiones sobre la infraestructura. En el momento en que nuestra economía más lo necesita, el conjunto del sistema debe aprovechar la solvencia y capacidad de gestión de las grandes empresas del sector de las infraestructuras que, pese a las dificultades derivadas de la fuerte contracción financiera mundial, siguen teniendo acceso a los recursos financieros necesarios para invertir a largo plazo en proyectos de colaboración público-privada en España.

Salvador Alemany es presidente de Abertis y del Círculo de Economía.