Interventores locales apoyan a la sancionada en Mislata

El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales, con representantes de todas las comunidades autónomas de España, solicitó ayer en Mislata que la competencia para la sanción de las faltas graves y muy graves de los funcionarios que tienen a su cargo los controles internos de los ayuntamientos corresponda a la Generalitat.

La reunión tuvo lugar en Mislata como muestra de apoyo a la interventora municipal Herminia Llop, expedientada por el alcalde, Manuel Corredera (PP), después de que alertase de un posible enriquecimiento injusto por parte de una constructora contratada por el Ayuntamiento.

Para el Consejo General de Secretarios e Interventores Locales, la situación que sufre la interventora de Mislata demuestra que si se dejan las sanciones graves -que van de 15 días de suspensión a tres años- y muy graves en manos de los ayuntamientos, estos pueden presionar sobre quienes han de controlarlos.

Este colectivo considera que la actual Ley de Régimen Local que se tramita en las Cortes Valencianas, a propuesta del PP, y que deja la competencia sobre las sanciones graves y muy graves a los ayuntamientos es "inexplicable e inadecuada en un momento en que la transparencia y los mecanismos de control deben reforzarse por el Estado y las comunidades autónomas para evitar la corrupción municipal".

Para los secretarios e interventores locales, el contenido de la ley que aprueben finalmente las Cortes Valencianas es muy importante porque puede servir de referencia para otras comunidades autónomas que sigan su ejemplo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0016, 16 de mayo de 2010.

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