El Gobierno acepta las exigencias del PNV para consensuar el plan de Convivencia

El Gobierno dio ayer un paso más en su declarado intento de atraer al PNV a un consenso sobre el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia y aseguró que enviará esta misma semana a los peneuvistas el nuevo texto del mismo, que especificará qué partes son nuevas y cuáles se heredan del plan del anterior Ejecutivo. Esta era una de las exigencias principales que había planteado el PNV para sentarse a negociar un posible acuerdo.

"No hay ningún problema en elaborar ese texto en esas condiciones con el fin de que se visualice claramente qué queda y qué no queda" del precedente, asumió la portavoz del Gabinete, Idoia Mendia, tras la reunión ayer del Consejo de Gobierno. Mendia enfatizó además que los plazos no van a ser un problema para el acuerdo, en otro guiño a la formación de Iñigo Urkullu. "No queremos vernos constreñidos por unos plazos; queremos conseguir el máximo consenso", resaltó. El Gobierno, que está manteniendo "contactos discretos con los nacionalistas", reconoció su portavoz, muestra además su disposición a modificar el párrafo que habla de defender el "Estado constitucional".

La Diputación de Guipúzcoa considera "desigual e injusto" el texto actual

Todo depende de la voluntad final del PNV, que dice estar dispuesto a lograr un consenso, aunque ayer la Diputación de Guipúzcoa, en manos de ese partido, hizo públicas ayer sus duras críticas al plan.

El Gobierno foral guipuzcoano anunció que ha presentado varias alegaciones al actual texto porque otorga un tratamiento "asimétrico, desigual e injusto" a la violencia que no es ejercida por ETA. Su diputado de Acción Exterior, Iñaki Galdos, expresó públicamente el malestar de la institución foral porque no se ha invitado a las tres diputaciones a participar en la elaboración del plan.

Galdos explicó que la Diputación guipuzcoana comparte la necesidad de favorecer el reconocimiento social y la recuperación de la memoria de las víctimas del terrorismo, pero apostó por hacerlo "de forma integral". A su juicio, centrar el documento en las víctimas de ETA supone un intento de "sacar tajada política" de ellas. La institución foral alega que el plan no contiene una memoria económica, ni detalla qué materiales educativos se deben usar, ni existen programas de formación para el profesorado, ni un plan de preparación para las víctimas que ofrecerían su testimonio en las aulas, según informa Mikel Ormazabal.

Mendia rechazó la intervención de las instituciones forales en la elaboración del proyecto, "ya que se trata", insistió, "de una reformulación del plan existente, tarea que sólo atañe al Gobierno y en la que se ha querido involucrar al PNV". Es más, añadió, "hasta ahora, no habíamos tenido noticia de la aportación de ninguna diputación y, de momento, Vizcaya y Álava, como se supone que es lógico, se han mantenido al margen".

La portavoz dejó claro que el plan mantendrá en todo momento que la acción terrorista de ETA supone "la principal vulneración de los derechos humanos de este país, con lo que conservará una mayor relevancia en todos sus contenidos".

Por otra parte, Joseba Marckaida, portavoz de Zaitu, la asociación pro víctimas de persecución, amenazados y exiliados por causa de ETA, reivindicó ayer el testimonio directo de las víctimas como "uno de los elementos más importantes en la imprescindible socialización de su memoria en el seno de la sociedad y en el proceso de su reconocimiento y reparación".

Markaida, concejal del PSE en Berango, insistió en la necesidad de incorporar a las víctimas al plan, ya que "se trata de deslegitimar la violencia, de educar para la paz en base a la defensa de los derechos humanos fundamentales y a los principios democráticos".