Condenada una pontevedresa por coaccionar a gitanos
El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra ha condenado a una vecina de Monteporreiro (Pontevedra) por una falta de coacciones durante los incidentes vividos en la capital en 2008 a raíz del realojo de tres familias de etnia gitana procedentes del poblado chabolista de O Vao. La juez ha fallado la absolución para el resto de acusados (Ángel Mario Lago, José Manuel Dopazo, Ana María Darrosa María Carmen Hortas y Antonio Palomares) que, en el caso de los tres primeros, fueron acusados por la Fiscalía por presuntas, amenazas, injurias, coacciones y desórdenes públicos.
La sentencia atribuye, entre otros factores, a "una incompleta labor policial" el hecho de que el resto haya salido indemne, pues los agentes no identificaron a los participantes en aquellos incidentes.La magistrada ha impuesto una multa de 75 euros a la única condenada, Laura Noceda, ante la imposibilidad de concretar las conductas individuales de cada vecino en las concentraciones que, prácticamente a diario, se repetían a las puertas de los pisos asignados.
Según recoge el fallo, la sala considera probado que esta mujer "tiró un cajón de madera contra la verja de acceso al edificio" donde residían a fin de evitar que estas personas realojadas por el Ayuntamiento de Poio, entre las que había varios niños, prolongaran su estancia en el barrio pontevedrés. La sala considerada probado que el día 11 de marzo de 2008 se congregó un grupo numeroso de vecinos ante el edificio número 44 de la calle Alemania solicitando el desalojo de las tres familias de raza gitana "sin que haya podido determinarse la participación de cada uno de los acusados".
Discriminación
Pese a la insistencia de Pueblo Gitano en los tintes raciales de este conflicto -fue su presidente, Sinaí Giménez, quien inició el proceso al ejercer como denunciante-, no queda acreditado que el origen de la discriminación fuera "por razón de su raza", aunque la sentencia subraya que "el comportamiento vecinal descrito es a todas luces censurable", por más que los hechos quisieran tildarse de meras protestas ante los políticos, como se dijo en el juicio. Una intimidación reforzada por gritos como "¡gitanos, marchaos de aquí!", señala. Giménez ha anunciado que recurrirá el fallo para que a Lago, Dopazo y Darrosa "no les salga gratis" el "miedo y la presión" que ejercieron sobre los calés.
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