El fiscal detecta irregularidades en la gestión de las listas de espera

El ministerio público eleva una consulta a Protección de Datos

El fiscal que investiga la supuesta alteración de datos para ocultar retrasos en las listas de espera del hospital Virgen de las Nieves de Granada -denunciada por una de sus trabajadoras, la médica Socorro Ricoy Ruiz- ve indicios de "mala praxis administrativa" en la gestión del citado centro "con continuidad en el tiempo y extendida a la administración sanitaria de la que depende". En cualquier caso, y puesto que se trata de una investigación que para seguir adelante precisa conocer los datos sanitarios de miles de usuarios y eso afecta a su derecho a la intimidad, el fiscal pone los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

El ministerio público considera a la citada agencia como la competente para conocer los hechos y si aprecia "indicios de actividad criminal en las actuaciones inspectoras que lleve a cabo".

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Aunque del escrito del fiscal se desprende la previsión de la existencia de indicios de actuaciones irregulares en la gestión de las listas de espera quirúrgicas del citado centro granadino -además de la probabilidad que contempla de que se extienda a un número indeterminado de hospitales y pacientes- menciona expresamente: "Se desconoce si ha afectado a la salud de los pacientes".

La extensión temporal y personal de los hechos denunciados requeriría, según sostiene el escrito fiscal, una "auditoría completa de miles de historias clínicas" para comprobar si se da la falsedad documental denunciada. Si la hicieron personas "ajenas a la administración sanitaria" supondría una "afectación grave" a la intimidad de miles de ciudadanos.

Pese a todo, al fiscal "no le cabe duda" de la realización continuada en el tiempo de dichas irregularidades que documentó la trabajadora del Hospital Virgen de las Nieves. Consistían, según denunció, en falsas reevaluaciones clínicas que se llevaban a cabo justo antes de que los pacientes cumplieran los plazos establecidos por decreto, en conceder bajas quirúrgicas sin estar intervenidos o en supuestas renuncias de los propios pacientes. El objetivo era evitar que transcurriera el plazo máximo de espera quirúrgica. Cuatro o seis meses, según la enfermedad.

"Posibles errores"

Por su parte, la delegada de Salud Elvira Ramón consideró ayer que el fiscal acredita que no ha habido actividad fraudulenta en las listas de espera aunque se pongan de manifiesto posibles errores administrativos

El fiscal no ha entrado en los procedimientos concretos y se refiere a "mala praxis" en el tratamiento informativo de los datos, sin detallar si hubo o no falsedad documental hasta que no se obtenga información con valor probatorio de naturaleza penal. El hospital en cuestión y también la Consejería de Salud aseguraron tras la denuncia que se cotejaron los datos y "se ajustaban al protocolo establecido" y por tanto las listas de espera estaban en los "rangos de normalidad".

La denunciante declarará para averiguar si sufrió acoso

En la denuncia que presentó ante la fiscalía, la médica aportó datos que también aludían a un posible caso de acoso laboral. ¿El motivo? Negarse a participar en las supuestas manipulaciones que denunciaba en el sistema de gestión de las listas de espera.

Los hechos constituyen un posible delito contra la integridad moral de la denunciante y por ello el fiscal pide la declaración de la médica para "poder conocer los ámbitos o aspectos concretos en que la perjudicada se ha visto sometida a trato degradante".

El caso, que está tramitando el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, empezó a investigarse en 2009. Un año antes, Comisiones Obreras presentó la denuncia en la Fiscalía Superior de Andalucía, pero antes de que ésta resolviera, el sindicato presentó otra denuncia en un juzgado.

Antes de ir a los tribunales, la denunciante, según Comisiones Obreras, se dirigió a la gerencia del centro y al Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los que dio cuenta del supuesto maquillaje en el que se negaba a participar.

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