Inmigrantes sin documentos en el lujo de Llavaneres

"Los que vienen aquí sin papeles, o son jardineros, o trabajan en el servicio doméstico", asevera Usman. A sus 55 años, este senegalés lleva 30 cuidando jardines privados en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con la documentación en regla y un perfecto catalán. Llavaneres, gobernado en minoría por Convergència i Unió (CiU), aprobó el martes una moción del PP para seguir los pasos de Vic y denunciar ante la Delegación del Gobierno a los inmigrantes irregulares que se inscriban en el padrón. De momento, la decisión se limita a una simple amenaza de sus alcaldes, puesto que la policía no ha recibido todavía ninguna denuncia, pero la alarma se ha extendido entre la comunidad inmigrante.

"Aquí no tenemos problemas con los inmigrantes", dicen en el municipio

Pese a que la inmigración no es un motivo de preocupación en este pequeño municipio de 10.181 habitantes -sólo un 10% son foráneos, la mayoría de la Unión Europea-, el PP presentó su moción siguiendo a la dirección regional, que llamó a extender la medida y ya ha visto fracasar propuestas similares en Terrassa o Montcada i Reixach. En Sant Andreu de Llavaneres las delaciones se votaron porque PP y CiU acordaron apoyarse mutuamente en el pleno. Ambos partidos pugnan por gobernar la ciudad y quieren acabar la legislatura sin batallas fratricidas que afecten a su hegemonía -tienen 10 de 14 regidores entre los dos- en Llavaneres.

"Aquí vienen europeos bien situados económicamente y personas de otros países que se dedican a la jardinería o a los servicios domésticos", dice Joan Rubal, concejal del partido Gent de Llavaneres, que votó en contra de la moción. El entorno es propicio para estas profesiones, con 13 cuidadas urbanizaciones que rodean el pequeño núcleo urbano. La renta per cápita es de 31.000 euros, un 33% más que la media de Cataluña. Villas con grandes medidas de seguridad, jardín y vistas al mar, donde empleados uniformados reciben con amabilidad al visitante. Entre ellos, la medida crea sorpresa. "¿Qué quieren, echarnos?", se pregunta una filipina, que prefiere mantener el anonimato "para no tener problemas con el jefe". La mujer, empleada en un hogar, apenas chapurrea el inglés, pero se vale para destacar la utilidad de estar empadronada pese a no tener papeles. "CatSalut, CatSalut", dice, aludiendo a la tarjeta que da acceso a la sanidad pública.

"Todos aquí tenemos a alguien trabajando en casa", relata Isabel Caparrós frente a su finca. Omar, un joven senegalés de 20 años, hace todo tipo de trabajos en su hogar. "Come conmigo en la cocina. ¡Y hasta me llama mamá", ríe Caparrós, que ha empleado "europeos, africanos, asiáticos", y ratifica: "En Llavaneres no tenemos ningún problema con los inmigrantes". "Nunca ha habido problemas", culmina Usman, que analiza la relación de necesidad entre los propietarios de las fincas y las personas que trabajan en ellas. "El de la casa tiene un empleado por cuatro chavos y el trabajador un lugar donde dormir. ¿Irá a mirar el alcalde a cada finca para denunciar? No hará nada, sólo quiere llamar la atención".