La regresiva financiación
Alcanzar una mayor cohesión social basada en la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior constituye un requisito básico de cualquier sistema educativo eficaz y equitativo. Frente a la extendida creencia de que el sistema público en España alcanza dichos objetivos, la realidad es bien distinta: la probabilidad de acceso a la universidad de los hijos de padres no universitarios continúa siendo casi cinco veces inferior a la de los hijos de padres universitarios.
En la actualidad, cada alumno en las universidades públicas cuesta anualmente unos 8.000 euros al contribuyente, mientras que las tasas de matriculación representan el 12% de dicho coste. Con independencia de su estrato de procedencia y de su rendimiento académico, cada universitario recibe una subvención anual de 7.000 euros, cuya justificación convencional descansa en la naturaleza de la educación como un bien "cuasi" público, fuente de externalidades positivas para la sociedad globalmente (mayor productividad y capacidad de innovar, mejor calidad de vida, etcétera).
Las tasas idénticas para todo el mundo penalizan a las rentas bajas
No obstante, el resultado de dicha financiación resulta ser preocupantemente regresivo. En efecto, el rendimiento salarial de un año adicional de educación universitaria viene a ser del 7%-10% frente a un rendimiento social del 1%-3%. En nuestro país, estas rentabilidades relativas se interpretan a la inversa: el estudiante debería sufragar el 70% del coste de su formación (suponiendo un impuesto medio sobre la renta del 30%) en vez del 12%. Con una mayoría de alumnos procedentes de las clases media / alta, el mantenimiento de tasas idénticas para todo el alumnado conlleva que el contribuyente situado en las zonas media y baja de la distribución de la renta acabe subvencionando a aquellos que potencialmente se situarán en la parte más alta.
Frente a una financiación alternativa basada en préstamos-renta y tasas variables en función de la capacidad económica del alumno capaces de sufragar un ambicioso programa de becas para los alumnos con menos medios (España destina a becas el 0,09% del PIB frente a un 0,25% de media en la UE), rige el "café para todos". Ello se debe en gran parte a que la obtención de un título en una buena o mala universidad resulta escasamente relevante como aval de calidad sobre la inserción del universitario en el mercado laboral.
El retraso en completar una titulación tampoco importa. Repetir en tercera convocatoria la mitad de las asignaturas de un curso supone una penalización total de 765 euros, menos del 10% del coste anual sufragado por el contribuyente. Ante estos incentivos tan perversos, no es de extrañar que un 30% de los alumnos abandonen sin obtener titulación alguna y que sólo un 30% se licencien en el periodo preestablecido. Sorprendentemente se ignora en el debate público que dicho fracaso lleva aparejado un elevado despilfarro de recursos que podrían utilizarse, por ejemplo, para fortalecer la denostada Formación Profesional Superior (FPS) y aumentar sustancialmente el gasto en becas. Las estimaciones existentes sitúan dicho despilfarro entre el 0,15% y el 0,20% del PIB anualmente, dependiendo del tamaño del efecto "acreditación" asociado a completar una titulación frente al abandono.
En contraste con EE UU, la universidad privada en España (un 11% del alumnado en primer y segundo ciclo) no ha supuesto una mayor competencia para el sistema público. Suele acoger al alumnado de clase media / alta que, careciendo de nota suficiente para acceder al sistema público, acaba pagando una elevada matrícula a cambio de una formación mediocre. Incluso aquellas que cuentan con cierto prestigio docente, presentan una actividad investigadora muy reducida. En otras palabras, a diferencia de lo que ha ocurrido con algunas destacadas Escuelas de Negocios, las clases pudientes en España no han apostado ni por la creación de universidades privadas de élite (tipo Ivy League en EE UU), ni por apoyar generosamente centros públicos prestigiosos donde formar a la alta administración (tipo Grande École en Francia).
La reforma de nuestro sistema público universitario pasa necesariamente por una mayor apuesta por la calidad que por la cantidad. Un sistema más flexible de tasas no sólo serviría para contrarrestar la perniciosa regresividad del actual sistema de financiación y reducir el fracaso escolar, sino también para potenciar la FPS y dotar de mayor autonomía a los centros universitarios en la captación de esos recursos globalizados llamados esfuerzo y talento.
Juan J. Dolado es catedrático de Economía de la Universidad Carlos III.
