19 millones sin contrato para una firma sospechosa de financiar al PP

Una de las empresas a las que la policía ha atribuido la financiación ilegal del PP, durante la investigación del caso Gürtel, ha facturado al Ayuntamiento de Castellón más de 19 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales durante los últimos siete años.

La empresa Piaf, que tiene suscrito un contrato por un total de 820.000 euros con el Ayuntamiento de Castellón para el mantenimiento de los edificios municipales, facturó el montante por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado. La figura del reconocimiento extrajudicial de deuda está incluida en la ley pero se reserva a casos excepcionales y urgentes. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PP, el procedimiento se ha convertido en usual y, de hecho, Piaf ha facturado servicios al margen de sus contratos a lo largo de más de una década.

La empresa tiene un contrato de 820.000 euros al año con el consistorio

Las conclusiones se presentarán antes de finalizar el mes de mayo

Las facturas remitidas por Piaf -empresa de construcción, inmobiliaria y de mantenimiento- al consistorio son parte de la documentación analizada en la comisión de investigación creada a raíz del caso Gürtel y después de saberse que tres de las cinco empresas que aparecían como supuestas financiadoras del PP (Lubasa, Facsa, Piaf, Sedesa y Ortiz) son concesionarias y/o adjudicatarias del Ayuntamiento de la capital de La Plana.

La documentación analizada refleja cómo Piaf ha presentado facturas, al margen de los contratos, por más de 19 millones de euros. Sólo en 2009, los servicios facturados bordean los siete millones de euros, mientras que en 2008 reclamó al Ayuntamiento 4,3 millones por trabajos realizados más allá de lo estipulado.

La oposición en el Ayuntamiento, formada por el PSPV y el Bloc, ha pedido al PP, en innumerables ocasiones, que revise los contratos para ajustarlos a los gastos que posteriormente se producen. Sin embargo, no sólo no se han modificado sino que, en algunos casos, se han prorrogado.

En el sumario del caso Gürtel Piaf aparece como una de las empresas que, según la policía, "prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados a la formación política, concretados en el pago de actos políticos". Además, es una de las mercantiles sobre las que se realiza un cambio en el destinatario de una factura emitida por Orange Market que "pasa del PPCV a Piaf".La comisión de investigación abierta hace seis meses en el Ayuntamiento de Castellón se dio ayer por concluida una vez aportados los contratos y las facturas remitidas por las tres empresas castellonenses, Lubasa, Facsa y Piaf, que aparecen en la documentación de la trama Gürtel como supuestas financiadoras del PP.

Entre las comparecencias solicitadas figuraban las de los representantes de las tres empresas investigadas que, finalmente, respondieron por escrito a las cuestiones planteadas por el PP. En éstas se pedía que respondieran si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer.

Los responsables de las tres empresas contestaron negativamente a las tres cuestiones pero, tras el levantamiento del secreto del sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, en el que se incluyen los documentos de la contabilidad de la trama de empresas de Correa en las que aparecen las tres empresas, el Grupo Socialista municipal consideró conveniente insistir en la pregunta y en incidir en si, tras las revelaciones, se mantenían en su negativa.

Por segunda vez, los representantes de las tres empresas contestaron de forma negativa.

Las tres mercantiles, al igual que las otras dos empresas a las que se les atribuyen las mismas prácticas, Ortiz y Sedesa, están pendientes de la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que, tras la investigación realizada por la brigada policial especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales, ha instado al juez instructor a que cite a declarar, en calidad de imputados, a los representantes de las cinco sociedades.

Mientras, en Castellón, y tras la conclusión de las comparecencias solicitadas por los tres partidos con representación municipal, PP, PSPV y Bloc, sólo falta la redacción de unas conclusiones consensuadas, un trabajo que se estima arduo, y su debate en el pleno. En cualquier caso, según el presidente de la comisión, el portavoz del Bloc Enric Nomdedéu, las conclusiones se presentarán antes del final del mes de mayo.

El turno de comparecencias se cerró con el alcalde, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner. Ambos comparecieron como responsables, entre 2003 y 2009, del departamento de Urbanismo, del que el actual alcalde fue responsable hasta la dimisión de su antecesor. En ambos casos afirmaron que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los técnicos municipales y que, únicamente, avalaban con su rúbrica, como responsables políticos. También negaron haber hecho cualquier tipo de indicación u orden a los funcionarios para favorecer a dichas empresas.

En el caso de los técnicos, que pasaron por la comisión en su anterior reunión, éstos aseguraron no haber recibido ningún tipo de recomendación para informar favorablemente sobre las ofertas presentadas por las tres empresas y que no se les sugirió ningún tipo de contraprestación de los posibles adjudicatarios si iban en contra de sus preceptos técnicos.

La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón ha sido la única admitida por el PP.