Camps después del 12-M
El 12 de mayo, cinco de los quince magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunciarán sobre los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y los socialistas valencianos contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que exoneraba al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del presunto delito de cohecho pasivo impropio por recibir regalos en forma de trajes de parte de la trama Gürtel. Los componentes de la Sala Segunda son, en su mayoría, de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial. El 12 de mayo todos los focos deberían centrarse en la figura del presidente valenciano. Pero ese mismo día -casualidad o no- el juez Manuel Marchena, miembro de la sala que tiene que decidir sobre Camps y que instruye la causa abierta al juez Baltasar Garzón, ha citado a declarar al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, cuyo testimonio podría dejar en un segundo plano lo que ocurra con el presidente valenciano.
El presidente no tiene la menor intención de dimitir de su cargo. Está seguro de su inocencia.
Quienes, con toda certeza, no se distraerán serán la dirección nacional del PP y los militantes populares. La decisión del Supremo va a condicionar la política en la Comunidad Valenciana de una manera decisiva. La inquietud, incluso la tensión, es evidente entre los dirigentes de Génova pero, muy especialmente, entre los valencianos. Aunque, de puertas afuera, la mayoría mantiene una esforzada actitud positiva, confiando en que el Supremo validará el auto del TSJCV, exonerando definitivamente a Camps, algunos recuerdan que en el proceso seguido en Valencia, dos jueces conservadores, el instructor José Flors, y el catedrático Juan Montero, sí que consideraron responsable del delito de cohecho pasivo impropio a Francisco Camps, mientras que otros dos, José Francisco Ceres, y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, al que el presidente valenciano considera "más que un amigo", apoyaron su inocencia.
La confianza oficial en que Camps salga con bien del Supremo no se corresponde con los movimientos protagonizados por dirigentes del PP valenciano que están empezando a tomar posiciones ante la posibilidad de que el caso vuelva a abrirse y el presidente valenciano tenga que enfrentarse a un juicio con jurado popular y venga obligado a presentar su dimisión. Si esto ocurriera, las alternativas para elegir a su sustituto son dos, de acuerdo con el Estatut d'Autonomía. Una de ellas, harto improbable porque los grandes beneficiados serían los socialistas, es la disolución de las Cortes Valencianas y la convocatoria de elecciones anticipadas. La segunda, más realista, es la elección de un nuevo presidente de entre los actuales diputados autonómicos del PP.
Descartada la primera posibilidad, el número de candidatos a suceder a Camps en el Palau de la Generalitat es muy reducido: Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; Alberto Fabra, alcalde de Castellón; y Gerardo Camps, vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda del gobierno valenciano. Todas las fuentes del PP consultadas coinciden en señalar que Mariano Rajoy apostaría sin ninguna duda por la alcaldesa de Valencia, pese a que ésta ha manifestado al líder del PP que no tiene ningún interés en ocupar la presidencia del Gobierno valenciano. Claro que, hasta la fecha, todas las conversaciones han girado alrededor de planteamientos hipotéticos. Otra cosa será si la realidad coloca a Barberá ante la disyuntiva de elegir entre ser la primera presidenta de la Generalitat o continuar al frente del Ayuntamiento de Valencia, cargo en el que lleva 19 años.
El hecho cierto es que todo el PP mira a Valencia. Si el Tribunal Supremo decidiera reabrir el caso de los trajes de Camps, dando por válidos los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de los socialistas valencianos, Rajoy se encontraría ante una de las decisiones más difíciles de su vida política. Francisco Camps no tiene la menor intención de dimitir de su cargo. No tanto porque sienta un especial apego al poder como porque está absolutamente convencido de que, más allá de haber cometido el error de relacionarse con gente tan poco recomendable como Álvaro Pérez, El Bigotes, es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan.
Camps no dejará así como así la presidencia de la Generalitat. Todo su gobierno y la dirección regional del PP han cerrado filas en torno al presidente, pese a que son conscientes de la parálisis en que se encuentra el Consell desde que en febrero del año pasado estallara el caso Gürtel y dejara contra las cuerdas, política y psicológicamente, al presidente. Desde esa fecha, permanece escondido, aparece en los actos por sorpresa para evitar las protestas de los ciudadanos, viaja a lo largo y ancho del planeta para estar el menor tiempo posible en Valencia y el miércoles de la semana pasada, el día en que se debatió el Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, prefirió la seguridad del paraninfo de la Universitat de València a defender el mantenimiento de trasvase Tajo-Segura en Madrid, como hizo el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para no tener que enfrentarse a las preguntas de los periodistas. Pese a ello, las encuestas revelan que el PP, con el descrédito de Camps a cuestas, revalidaría la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas con una ventaja no inferior a los 15 puntos sobre los socialistas.
Convencido de su inocencia y asentado sobre los sondeos demoscópicos, Camps no tiene la menor intención de tirar la toalla. Pero si se reabre el caso, la dirección nacional del PP tiene decidido apartarle del cargo. Tras la salida de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y la renuncia del diputado Jesús Merino, imputados ambos en la trama Gürtel, a Rajoy no le quedaría otra que pedirle a Camps que siguiera el mismo camino. Sobre eso existe una absoluta unanimidad tanto en Madrid como en Valencia.
¿Qué ocurriría, sin embargo, si el Supremo decide exonerar al presidente valenciano, dando por válido el auto del TSJCV? Para Camps, por descontado, representaría la satisfacción moral de quien ve reconocida su razón frente a los ataques de la oposición y un importante balón de oxígeno tras el descrédito político que padece. Incluso es probable que se atreviera con una remodelación de su gobierno, cuyos miembros, con alguna que otra notable excepción, no han sabido defender con firmeza la posición del presidente al que han dejado expuesto en múltiples ocasiones.
Pero el calvario del dirigente valenciano estaría cerca de concluir. La instrucción del magistrado del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, sigue acumulando información sobre al menos tres cuestiones que afectan al PP valenciano: la visita del Papa, las adjudicaciones de la consejería de Turismo a Orange Market de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur y la presunta financiación irregular del PP. En cualquier momento, cada vez más cercano a las elecciones autonómicas, el magistrado puede realizar una pieza separada de estas tres causas y remitirlas al TSJ valenciano porque es más que probable que en alguna de ellas o en todas aparezcan implicados cargos públicos aforados. Especial preocupación produce en sectores del PP la visita del Papa que supuso un despilfarro de fondos extraordinario, algunos de ellos de difícil justificación.
Este es el dilema al que se enfrentan Camps y el PP: Si el Supremo decide sentarle en el banquillo por el regalo de sus trajes habrá un cambio significativo en la política valenciana; pero si opta por lo contrario, nada garantiza el final del largo y tortuoso camino que empezó en febrero de 2009.
