¿Valen menos las víctimas de Franco que las de Pinochet?

Hace cinco meses el fiscal de la Corte Penal Internacional, lo más parecido a un árbitro internacional, Luis Ocampo, en una entrevista a este diario se mostraba escéptico respecto a las querellas interpuestas contra Baltasar Garzón. "Son gajes del oficio", decía. Dudaba que el magistrado de la Audiencia Nacional fuera a sentarse en el banquillo. Nunca pensó que las cosas fueran a llegar tan lejos.

Pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela atribuyó a la "imaginación creativa" de Garzón su decisión de abrir una causa al franquismo. Le acusó de "cuartear principios esenciales del Estado" y denegó todas las pruebas de descargo que solicitó el juez querellado, entre ellas, el testimonio de otros jueces, de España y el extranjero, con idéntica fantasía. Hoy la carrera del juez pende de un hilo.

Asociaciones de jueces y fiscales nacionales e internacionales han emitido decenas de comunicados para concluir que donde el magistrado del Tribunal Supremo ve indicios de prevaricación, hay, en realidad, un debate jurídico: el de la restricción de las leyes de amnistía o punto final para juzgar delitos de barbarie. Este es un repaso a lo que han dicho juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, aunque el juez Valera se ha negado a que se les escuche en el Tribunal Supremo.

- Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas, la CIJ expresó su "preocupación" por la "interferencia injustificada" en las funciones profesionales de Garzón y su investigación de unos crímenes "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente", porque, añadían, son imprescriptibles.

- Eugenio Raúl Zaffaroni, Corte Suprema de Justicia de Argentina. Participó en la redacción de la sentencia que acabó con las dos leyes de Obediencia civil y Punto Final que amnistiaban los delitos cometidos durante la dictadura argentina. "Da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad", opinó. "No se entiende. La privación del estado civil, y el secuestro de niños es un delito permanente. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras no se dé cuenta del paradero del secuestrado. Es doctrina universal aceptada por todos los países, no tiene que ver con el código penal de cada país", aseguró.

- Amnistía Internacional. "El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben", asegura. Su posición es que "en vez de entablar acciones penales contra Garzón por investigar delitos de derecho internacional, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia".

- Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Esta organización ha asesorado a decenas de estados en procesos de revisión de su pasado dictatorial. "España ha ratificado el estatuto del Tribunal Penal Internacional, se ha comprometido a poner fin a la impunidad de los crímenes más graves, y no a promoverla", afirmó el presidente del ICTJ, David Tolbert. "Aquellos jueces que investigan de buena fe, respaldados por el derecho internacional, no pueden hacer su trabajo si se sienten bajo amenaza de ser políticamente atacados con acciones legales".

- Comisión Colombiana de Juristas. La organización expresó su "enorme preocupación" por la decisión de Varela. "Los fundamentos de la decisión del magistrado instructor resultan contrarios a derecho e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de investigación y represión de los crímenes de lesa humanidad", que, añadían, "son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías o medidas similares". "Resulta extraño, jurídica y éticamente, que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. Esta decisión del Magistrado instructor del Supremo envía una mala señal al mundo".

- Human Rights Watch. "La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves", declaró Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de la organización internacional. "La decisión de Garzón de no aplicar la Ley de Amnistía tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad". "En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad". "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 que las leyes de amnistía son incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie".

- Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional. Emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia para investigar "delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó tras la Guerra Civil constituye". "Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora".

- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. Ambas organizaciones, descendientes de Justicia Democrática, nacida bajo la dictadura franquista, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban: "A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes . Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad (...) en otros países". "La investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la humanidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Esta imaginación creativa que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida (...) permitió sentar en el banquillo a dictadores, torturadores y genocidas (...) Cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar. (...)".