Las empresas de propaganda no dan los presupuestos de sus trabajos para el Palau

No hay presupuestos y la culpa es del sistema informático. Esa es la explicación poco convincente que ayer ofreció ante el juez el representante de las empresas New Letter y Letter Graphic, las sociedades de propaganda electoral que trabajaron para CiU y que entre 2006 y 2009 facturaron casi un millón de euros al Palau de la Música.

Pedro Luis Rodríguez Silvestre había sido citado por el juez como testigo para aclarar esos pagos, pero su declaración despejó pocas dudas. Admitió que ambas empresas realizaron esos trabajos y presentó las facturas de los pagos del Palau, pero no los presupuestos previos en los que se deben detallar en qué consistirán los trabajos.

El fiscal y las acusaciones preguntaron por qué no podía presentar los presupuestos y el testigo respondió con una singular explicación. Según Rodríguez Silvestre, el sistema informático que emplean Letter Graphic y New Letter está configurado de manera que cuando las empresas que les contratan aceptan los presupuestos, desaparecen esos documentos y sólo quedan las facturas.

Ambas sociedades han realizado campañas electorales para CiU

El testigo explicó, además, que él no era la persona que se encargaba de estos asuntos. Identificó a Salvador Oller como la persona responsable, ya jubilada, y de quien dijo que se entendía directamente con Jordi Montull, el director administrativo del Palau. En eso coincidieron también el resto de testigos, que calificaron a Montull como muy puntilloso cuando se trataba de hablar de números y facturas. El juez instructor anunció que citará a Oller.

La auditoría del Palau de la Música realizada por los nuevos gestores ha revelado que New Letter cobró 621.296 euros de la institución en los últimos cuatro años y que Letter Graphic percibió otros 361.287 euros. Las dos empresas han realizado campañas electorales para CiU y entre esos trabajos figura el buzoneo de propaganda. Por uno de esos trabajos, una de las sociedades facturó 146.405 euros, cuando envío de ese tipo cuesta alrededor de 4.000 euros.

Diversos trabajadores del Palau, además, declararon el pasado día 19 al juez que Letter Graphic y New Letter les resultaban desconocidas y que la firma que realizaba los buzoneos con los conciertos y las promociones del Palau era SPM.

Ayer por la mañana también declararon otros tres testigos. Entre ellos, Francisco Mañaricua, responsable de las sociedades FM2 e Instal·lacions i Mantenimients Tècnics de Catalunya, que, posteriormente, fueron absorbidas por el grupo francés Eiffage. Ambas firmas realizaron diversos trabajos de mantenimiento de las instalaciones y el ascensor del Palau de la Música desde 1989. Sin embargo, en los dos últimos años han cobrado de la institución 300.127 euros por trabajos en las viviendas particulares de los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull y de sus familias y que, por tanto, deberían haberlos pagado estos de su bolsillo. Eiffage también sacó tajada del expolio que sufrió la institución y cobró 252.500 euros por trabajos realizados en la casa de Millet.Mañaricua, además, admitió ante el juez que desde hace más de dos años ha venido cobrando del Palau de la Música un sueldo mensual de 3.700 euros por encargarse del mantenimiento de las diferentes viviendas de los Millet y los Montull.

Por su parte, Javier Lacambra, testificó en representación de Triobra, otra sociedad que facturó al Palau 1,25 millones de euros por trabajos en la residencia particular de Millet, en l'Ametlla del Vallès. De esta cantidad, 445.000 euros procedían de subvenciones públicas. El dinero se cobró entre 2006 y 2009 a través de 11 facturas por un importe de 780.129 euros, aunque los auditores encontraron, además, facturas del año 2003 que ascendían a 372.648 euros.

También testificó Jaime Lendínez Gutiérrez, en representación de Horencat, empresa dedicada a las estructuras de hormigón y que, a diferencia de las anteriores, siempre trabajó para el Palau. Lo más importante de su comparecencia fue que admitió que una de las facturas que emitió el Palau a nombre de esa sociedad era completamente falsa. Era de 70.000 euros y se pagó en 2003, cuando la empresa estaba en proceso de quiebra. El testigo explicó que nadie de Horencat firmó la factura y que no tenía ni siquiera el membrete de la sociedad.