Un convenio para la escuela pública

Cerca de 20.000 docentes de la Enseñanza Pública no universitaria permanecen atentos a la negociación de un nuevo acuerdo regulador de sus condiciones laborales, tarea en la que se encuentran de lleno sumergidos la Administración educativa y los cinco sindicatos representantes del sector.

Hay dos tipos de discursos sociales al referirse al colectivo funcionario docente. Por una parte, está el discurso que insiste en la abnegación de este colectivo, que sufre desánimo y estrés ante las crecientes demandas de que es objeto por parte de la sociedad. A este discurso se opone el de la denuncia del corporativismo por el que el profesorado funcionario antepone permanentemente sus intereses a los del alumnado y la comunidad escolar. Quizá haya algo de ambas cosas.

La maquinaria educativa necesita ser removida por un profesorado más joven que el actual

Pero lo que nadie duda, en cambio, es que nos encontramos en una época de cambios tan radicales y vertiginosos que están demandando también nuevos paradigmas de funcionamiento educativo. La negociación de este convenio puede ser deudora del continuismo o contribuir a avanzar en nuevas formas de entender la educación, tratando de hacer la difícil, pero posible, conciliación de la defensa de los intereses del profesorado y de la propia enseñanza pública. Quiero en estas líneas avanzar alguna reflexión que pueda contribuir a esa conciliación, de manera que el nuevo acuerdo sea también un impulso para la Escuela Pública.

La clave interpretativa de ese nuevo paradigma está en convertir a cada centro, mejor, a cada comunidad escolar, en la unidad de base para el cambio, a partir de un proyecto educativo lo más conjuntamente asumido y con la suficiente autonomía para desarrollarlo, conforme a su peculiaridad, aunque siempre con atención a la cohesión del conjunto del sistema. A partir de esta clave, cabe proponerse tres líneas de avance que debería recoger el nuevo convenio.

El primer avance se refiere a la estabilidad y el rejuvenecimiento de las plantillas. La maquinaria educativa necesita ser removida por un profesorado más joven que el actual, cuyo promedio no dista demasiado de los 50 años y por equipos más estables comprometidos con los proyectos de los centros, imposibles de mantener si, como hasta ahora, más del 40% de las plantillas no tienen aseguradas sus plazas en el mismo sitio de un curso para otro. Sin duda, un acuerdo generoso en ofertas de empleo público que nos ponga muy cerca del compromiso adquirido de reducir la interinidad al 8%, una mejora en la gestión del sistema de cobertura de plazas y sustituciones, y la introducción de nuevos criterios, más vinculados a los proyectos de los centros, en los procesos de adscripción y movilidad del personal, irían en la dirección adecuada.

La segunda línea de avance tiene que ver con una concepción de la función docente, que hoy ya no puede quedar restringida al tiempo lectivo dentro del "recinto sagrado" del aula, sino que requiere tiempos para el encuentro con los diferentes agentes, proyectos conjuntos y mayor coordinación entre iguales. Hoy el tiempo de "dedicación a la tarea" no es sólo el tiempo estricto de la clase. Puede ser muy legítimo el planteamiento de contemplar en el convenio alguna reducción en el tiempo lectivo, a cambio de que ese tiempo liberado y el conjunto del tiempo de dedicación al centro sean sometidos a una regulación con contenidos precisos y evaluación posterior, incluida la formación en el propio centro, a partir de sus propias necesidades.

La tercera línea de avance estaría vinculada a un mayor desarrollo de la autonomía de los centros para que puedan llevar a cabo sus proyectos educativos. Hay que pasar de un sistema de bombardeo a los centros con proyectos inconexos, a ayudarles a articular sus propios proyectos vertebrados en torno a alguna idea matriz. Se está planteando otorgar créditos horarios globales, pero incontrolados. Sin embargo, los créditos horarios deben obedecer a proyectos educativos negociados y acordados con la Administración. Por otro lado, hay que permitir, de una vez, con el debido control sindical y de transparencia pública, poner en marcha lo que establece la Ley de Escuela Pública Vasca: que los centros puedan definir los perfiles de las personas que van a desarrollar su trabajo en un determinado contexto educativo.

Una última reflexión para terminar. La crisis no debe ser el pretexto para un acuerdo que acepte un recorte presupuestario. Si se quieren aumentar los recursos en Primaria, lo que está muy bien para prevenir desde la raíz, no puede ser a costa de detraerlos de Secundaria. En estos tiempos que las administraciones parecen dispuestas a dedicar partidas millonarias a construir nuevos estadios, museos o centros de cultura y ocio, parecería obsceno que los servicios públicos básicos, como la enseñanza, sufran una mengua. Mis mejores deseos de acierto a los negociadores para que logren un acuerdo útil para la Escuela Pública Vasca.

Gonzalo Larruzea es docente y secretario de Educación de Ezker Batua-Berdeak.