Primer paso para que se hable catalán en el Senado

La aspiración histórica de los partidos nacionalistas de que se hablen todas las lenguas del Estado en las Cortes Generales, al menos, se discutirá. El Senado aprobará previsiblemente el próximo miércoles que se empiece a debatir una propuesta para reformar su Reglamento, de forma que se puedan utilizar todas las lenguas oficiales en todos los debates de la Cámara alta, además de las comunicaciones escritas, como las preguntas.

La iniciativa la presentaron 34 senadores de distintos grupos. Se trata de todos los nacionalistas del Senado más el PSC, liderados por los partidos catalanes y en especial por el senador de ERC Miquel Bofill. El PSOE confirmó ayer que votará a favor de la toma en consideración, aunque insistió en que eso no significa estar de acuerdo con el contenido, sino sólo permitir que se tramite y se debata en la Comisión de Reglamento. El PP se opone frontalmente.

En el Senado ya hay una Comisión General de Comunidades Autónomas que es el único foro parlamentario de España en el que se pueden hablar sin restricciones todas las lenguas del Estado. Hay un servicio de traducción simultánea y los senadores y ministros se ponen auriculares para poder entenderse. El acuerdo para el libre uso de las lenguas se logró la legislatura pasada por unanimidad, PP incluido. A esta comisión también pueden acudir los Gobiernos autónomos. Sin embargo, marginada por el Gobierno y los grupos, la comisión agoniza y es muy raro ver estos debates.

Zapatero, con cascos

La propuesta tal cual está supondría sesiones de control al Gobierno y debates de leyes en catalán, euskera, gallego y valenciano. El PSOE ya ha manifestado que planteará límites al uso de las lenguas cooficiales, aunque no hará pública su posición definitiva hasta que no se produzcan los debates en la Comisión de Reglamento. La portavoz socialista, Carmela Silva, afirmó ayer que lo deseable en las reformas de Reglamento es la unanimidad y buscarán el consenso, pero también advirtió que no admitirán "posiciones de veto". El PP reiteró su oposición al proyecto.

Una de las principales dudas que suscita la propuesta es el coste adicional que tendría para el Senado el servicio de traducción simultánea. Los senadores proponentes han calculado la cifra en 120.000 euros, y piden expresamente que eso no suponga un aumento de presupuesto.